Dice el expresidente Leonel Fernández, sumándose al coro de críticas al engendro abortado por los legisladores con la aprobación de la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que la nueva legislación constituye un retroceso en la libertad, en lo democrático y en lo institucional, ya que cada ciudadano está de ahora en adelante sujeto a quien dirija el DNI, sin que exista la duda de que se haya cometido una infracción a las leyes penales. “Eso no se puede aceptar, es un retroceso a la democracia y tenemos que enfrentarlo porque es una ley inconstitucional”.

Pero antes de que nos pongamos de acuerdo sobre la forma de enfrentarla o la estrategia que se llevará al diálogo propuesto por el presidente Luis Abinader, el exmandatario y líder de la Fuerza del Pueblo debería explicarle al país porqué los legisladores de su partido votaron a favor de ese retroceso, de esa amenaza a la democracia y la institucionalidad. Y lo propio deben hacer, por la misma razón, el candidato presidencial del PLD Abel Martínez, quien declaró que detrás de su aprobattción hay “intereses oscuros”, y el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, candidato presidencial y dueño del PRD, quien la calificó de inaceptable.

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¿Cómo es posible que exista ese nivel de incomunicación o desconexión entre esos dirigentes políticos y los legisladores que representan a sus partidos en el Congreso Nacional? De sobra se sabe que nuestros políticos dicen lo que creen que más les conviene dependiendo del momento y las circunstancias criticando hoy lo que ayer promovieron y apoyaron con entusiasmo, en lo que el doctor Fernández, maestro de maestros, ha sentado cátedra, aunque no es algo de lo que ni él ni sus seguidores deberían sentirse orgullosos.

Pero los ciudadanos tenemos que aprender a exigirles a los políticos, antes de que sea demasiado tarde y acaben con todo, un mínimo de seriedad y coherencia si quieren merecer nuestro respeto y nuestros votos.