Lo menos que puede pensarse, al enterarse uno de que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) trabaja en la judicialización de más de 500 casos de corrupción, al tiempo que evalúa decenas de denuncias que se han hecho de manera directa o en los medios de comunicación, es que Wilson Camacho y su equipo de fiscales no tendrán tiempo ni para pegar un ojo.

Esa sobrecarga de trabajo, en la que deben estar incluidos los 400 expedientes de corrupción que según reveló la Procuradora Miriam Germán mandó a meter en el congelador el exprocurador Jean Alain Rodríguez, es la muestra más elocuente de la apatía del Ministerio Público frente al flagelo.

Esa falta de interés en perseguir a los depredadores de la riqueza pública y su principal consecuencia, la impunidad, es lo que explica que las denuncias de corrupción no paren de llegar, como señaló Camacho, mucho más ahora que actúa con la independencia necesaria para llegar a las últimas consecuencias sin importar de quien se trate y caiga quien caiga.

¿No es eso lo que debemos pensar cuando vemos tras las rejas a dos hermanos de un expresidente de la República y a un mayor general del Ejército acusados de corrupción? Y aunque es mucho lo que falta por ver cuando pensamos en todos esos expedientes en los que se trabaja “indeteniblemente”, la enormidad de la tarea que tiene por delante el Ministerio Público hacen pensar que será mucho lo que se va a quedar pendiente; a lo que habrá que sumar los expedientes nuevos, pues ya hemos visto que la corrupción no piensa descansar ni en el gobierno del cambio.

Y ese no es un trabajo de tan solo cuatro años, como puede verse desde lejos. Por eso es tan importante, si se quiere llegar hasta el fin de la tarea, que se constitucionalice esa independencia que hoy tanto le celebramos, pues esos 500 casos de corrupción de los que habló ayer el director de la PEPCA son apenas el comienzo.