Como era de esperarse por constituir mayoría, la “equivocación” que redujo a dos años la pena que sanciona la corrupción en el proyecto de Código Penal se le ha pegado a los legisladores del PRM, que llegó al Gobierno con un discurso anticorrupción que encontró apoyo y receptividad en un electorado hastiado de la obscena depredación de los bienes del Estado de la que hizo galas el PLD cuando gobernó.

Y eso tiene, aunque el PRM y sus legisladores no quieran verlo o lo minimicen, un costo político importante, pues ese electorado que se dejó encandilar por un discurso que sintonizó con sus expectativas de cambiar ese estado de cosas no es tonto ni está ciego.

Tan grande y significativa fue esa muestra de incoherencia, de negación de su propio discurso, que ha hecho posible la paradoja de que sea el vocero del PLD en la Cámara Alta, el senador Yván Lorenzo, quien se los estruje en la cara, y de ñapa los acuse de oponerse al endurecimiento de las penas que sancionan la corrupción; y no hizo falta que dijera mas nada, porque aquí todo el mundo se imagina porqué y para qué.

Tan débiles y pueriles han sido los argumentos para justificar ese extraño y para muchos sospechoso comportamiento, y tan grande la presión social para que se enmiende la “equivocación”, que ya el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció que eso se corregirá y que las penas podrían llegar hasta los 20 años. Pero ya el daño está hecho, pues aunque se haya conseguido atajar a tiempo ese golpe bajo a la lucha contra el flagelo, la intención es lo que verdaderamente cuenta.

Y lo que esa intención nos enseñó clarito nos obliga a mantenernos atentos y vigilantes de lo que los honorables hagan y dejen de hacer, porque si nos descuidamos, si por complicidad o desidia miramos para otro lado, pueden meternos otra desagradable sorpresa por debajo de la mesa, y quedarse luego tan sonrientes y tranquilitos como los santos en las postalitas.