Hasta cierto punto era previsible, aunque no deseable, que estemos escuchando sobre complots y maquinaciones para atentar contra la vida de los fiscales que investigan el entramado de corrupción militar que envió a Najayo al mayor general Adán Cáceres Silvestre, pues esas investigaciones llegaron hasta estamentos de poder que se creían intocables, pero sobre todo con derecho, gracias a su uniforme y su rango, a enriquecerse a costilla del Presupuesto Nacional sin ninguna consecuencia y a cuenta de sus invaluables servicios a la Patria.

El comunicado de la Procuraduría General de la República parece confirmar lo que parecía un aspaviento amplificado por las redes sociales, que llenaron el pasado fin de semana de rumores y teorías conspirativas con las que cada quien quiso ponerle nombre y rango a los que estarían planificando arrebatarle la vida a Yenni Berenice Reynoso, pero también puso en evidencia, una vez mas, que la desesperación es mala consejera.

Porque solo la desesperación, que suele ser también muy peligrosa, explicaría que haya gente pensando que puede llevar a ese punto su resistencia a ser perseguida y enjuiciada por sus delitos, bajo la falsa creencia de que sus uniformes los colocan por encima de la ley que castiga al resto de los mortales.

Porque aquí de lo que se trata, y eso debe quedar bien claro, es de que la sociedad dominicana tiene derecho a perseguir, a través del Ministerio Público, a cualquier ciudadano que quebrante la ley, sobre todo cuando se trata de un delito como el de la corrupción pública, que enriquece a unos pocos para que el resto de los ciudadanos seamos mas pobres y recibamos peores servicios.

Y si algunos no lo entienden así porque se empeñan en defender privilegios a los que no tienen derecho peor para ellos, porque si algo está demostrando la Procuradora Miriam Germán y sus fiscales es que esos tiempos están cambiando.