Que en la Procuraduría General de la República se haya aposentado una red criminal a través de la cual, según la acusación del Ministerio Público, se habría estafado al Estado dominicano con mas de seis mil millones de pesos, nunca se había hecho.

Tampoco que sus pasadas autoridades, encabezadas por su anterior incumbente, dejaran instalado en su sistema informático un programa con el cual mantenían bajo monitoreo y vigilancia las actividades administrativas y de los fiscales, que también permitía borrar cualquier evidencia de sus acciones delictivas, según consta en la solicitud de medida de coerción al exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros seis imputados.

Por eso cuando alguien le diga que, en materia de corrupción, en los gobiernos peledeístas se cruzaron todos los límites y se llegó hasta donde ningún gobierno anterior había llegado, tiene que estar dispuesto a creerlo, pues las evidencias aportadas por las investigaciones de los fiscales de la PEPCA en las operaciones Antipulpo, Caracol, Coral y ahora Medusa, no dejan otra alternativa. Que el principal órgano del Estado de persecución de la criminalidad haya sido convertido en el centro de operaciones de una red criminal (valga la redundancia) se dice rápido, y no hay dudas de que es una muestra escandalosa de los niveles de corrupción pública alcanzados por el “peledeísmo gobernante”.

Pero perdida irremediablemente nuestra capacidad de asombro, y puesta nueva vez en evidencia la voluntad de nuestra corrompida clase política de envilecer y degradar las instituciones fundamentales de la democracia, cabe preguntarse qué mas nos faltará por ver, o qué pasará cuando se nos acabe la paciencia, la capacidad de aguantar callados y tranquilitos los desmanes de los políticos.

Dejo esas preguntas en el aire, pero ojalá, para que podamos mirar con tranquilidad hacia el futuro de la versión tropicalizada que nos permite gobernarnos, no se queden ahí.