Claudio Acosta 
Dos largos meses han pasado desde que la Procuraduría anunció una investigación de las circunstancias en que obtuvo su libertad el asesino de Anibel González, favorecido con un acuerdo irregular, pero hasta ayer poco se sabía del curso de esas pesquisas salvo que un abogado de San Pedro de Macorís se encuentra en prisión acusado de falsificar la firma de la malograda abogada. Pero en lo que esperamos las conclusiones de esa investigación nos acabamos de enterar, sobrecogidos de espanto, de que otra mujer –Juana Dominga Salas– ha sido asesinada y que su victimario, que guardaba prisión porque en el 2017 intentó asesinarla de 9 puñaladas, se encontraba en libertad gracias a un acuerdo validado por el Ministerio Público de San Pedro de Macorís, a pesar de que, al igual que en el caso de Anibel González, la naturaleza del ilícito –intento de homicidio– descartaba cualquier posible arreglo entre víctima y victimario. Sin embargo, las similitudes entre ambos casos, que han sido de inmediato resaltadas por los medios de comunicación, no pueden ser consideradas producto de una coincidencia. Porque más que una coincidencia parece el modus operandi de una asociación de malhechores, sobre todo si es verdad que solo en el 2018 la fiscalía y la Corte de San Pedro de Macorís homologaron más de cien acuerdos irregulares con agresores de mujeres, como se comenta en los corrillos judiciales. La cifra da escalofríos y parece una exageración, pero como los acuerdos de los dos feminicidas fueron firmados por la misma fiscal, quien ayer fue apresada como consecuencia de este nuevo escándalo, y la participación de la misma firma de abogados, debe considerarse la posibilidad de que esa cifra se quede corta si la mancuerna delictiva era de larga data. Y también explica porqué la investigación que se hace a sí misma la Procuraduría, que al parecer no ejercía ningún control ni supervisión sobre lo que ocurría en esa jurisdicción, se encuentra empantanada.
