A los políticos, como al dedo malo, se les pega todo, a pesar de que en estos tiempos de pandemia, toques de queda, encierros y restricciones, no tienen mucho espacio ni tiempo para sus maquinaciones y travesuras.

Aun así, desde el Gobierno se acusó a políticos de oposición de azuzar a productores agrícolas incitándoles a protestar botando sus productos, pero también de estar patrocinando con dinero y alcohol los imparables teteos, que este fin de semana tuvieron un saldo trágico con el asesinato a balazos de tres jóvenes en San Francisco de Macorís.

En ese momento no se identificó a esos políticos ni al partido al que pertenecen, como tampoco los identificó el Ministro de la Presidencia Lisandro Macarrulla, quien ayer denunció que es víctima de una campaña de difamación para involucrar a la empresa de su familia en operaciones fraudulentas vinculadas a la construcción de la cárcel que sustituirá a La Victoria como parte del Plan de Humanización de las cárceles, puesto en marcha durante la gestión en la Procuraduría General de la República de Jean Alain Rodríguez.

El funcionario aseguró en un comunicado de prensa que a lo largo de su vida, todas sus actividades han sido hechas con transparencia, verticalidad y honradez. Y qué bueno que así haya sido, para orgullo de su familia y nuestra clase empresarial.

Pero tal vez se habría ahorrado todo este escarceo, ahorrándoselo también al gobierno al que sirve, si hace cuatro meses, luego de la visita de la Directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, para tratarle el tema porque ya andaba de boca en boca, le hubiera explicado al país cómo fue el proceso de contratación y adjudicación de la nueva cárcel a su empresa familiar.

Esa oportuna muestra de transparencia habría atajado a tiempo cualquier malentendido, quitándole la oportunidad a los políticos ociosos de aprovecharse de ese vacío de información para difamarlo y hacerle daño al gobierno.