Todo apunta a que el reinado de Luis Henry Molina en la Suprema Corte de Justicia será tormentoso, o al menos así se lo ha propuesto el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surún, quien no le saca el guante de la cara.

Ayer el presidente del CARD anunció que el próximo lunes iniciará acciones de impugnación y reconsideración contra la decisión adoptada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia que trasladó de salas a varios jueces, incluyendo algunos de esa alta corte.

Surún alega que la decisión pone en juego la credibilidad de la Justicia, vulnera el principio constitucional de inamovilidad de los jueces, y constituye un “atentado vil y gosero” contra la independencia del Poder Judicial.

Estoy seguro de que el presidente del CARD, quien anunció que además de la SCJ recurrirá la acción por ante los tribunales Constitucional y Superior Administrativo, estará el lunes tempranito depositando esos recursos, tras previamente convocar a los medios de comunicación para asegurarse de que recibirá la debida atención por parte de la opinión pública.

Tal vez sea por eso que desde la SCJ se ha denunciado una campaña de “descrédito y desinformación” con el propósito de dañar a esa alta corte y sus miembros, aunque sin señalar ni identificar a sus responsables, como suele suceder con esa clase de denuncias.

Pero en lo que se averigua el caso hay que parar las orejas y poner atención cuando desde un gremio profesional como el CARD se habla de atentados contra la independencia del Poder Judicial, o se denuncian intentos de controlar las decisiones judiciales para servir a determinados intereses políticos y económicos que no resulta muy difícil de identificar cuando se recuerda cómo llegó al cargo el presidente de la Suprema.

Porque si algo hemos aprendido de la impunidad, promiscua compañera de cama de nuestros políticos, es que siempre consigue salirse con la suya, dejándonos con las caras largas y la moral en el suelo.