La respuesta de la Cancillería dominicana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su preocupación por las denuncias sobre deportaciones de parturientas haitianas fue firme y contundente, tanto que mucha gente se alegró de que por fin la pusiéramos en su puesto, pero también rápida, al punto de que pareció que ya estaba redactada y solo se esperaba la previsible reacción del organismo.

Desde que el Gobierno empezó, hace un par de semanas, a detener a las parturientas haitianas y repatriarlas se estaba a la espera del “injusto e inoportuno” comunicado, pues se le dio la excusa perfecta para meter sus narices. Es también el precio que nuestras autoridades tienen que pagar por desoír las sugerencias de que detuviera esa práctica, entre ellas la del expresidente Leonel Fernández, quien advirtió que podría ser mal interpretada por la comunidad internacional por tratarse de un tema de carácter humanitario.

Un reportaje de la agencia española EFE, divulgado el mismo día que la CDIH emitió su comunicado, sobre lo que está ocurriendo con esas mujeres no nos deja muy bien parados, pues no solo relata, con desgarrador dramatismo, las vicisitudes que esas mujeres pasan junto a sus familias, sino también el hecho de que por un lado las sacan del país las autoridades de Migración dominicanas y por el otro, si tienen conqué pagar los 200 dólares que les cobran los buscones en la frontera, vuelven a ingresar a territorio dominicano.

Ese reportaje desmiente la afirmación de nuestras autoridades de que en esas repatriaciones se respetan los derechos humanos de las parturientas, pero también pone en evidencia nuestra incapacidad o falta de voluntad para controlar las bandas que se lucran del infame negocio de ambos lados de la porosa frontera común.

Ahora ya el mundo sabe que somos eficientes para apresarlas, montarlas en una camiona y sacarlas del país, pero completamente inútiles para impedir que los traficantes las vuelvan a meter.