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Raquel Arbaje.
Luego de que se diera a conocer la decisión del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que acogió el pedimento del Ministerio Público y condenó a 30 años de prisión a Fausto Miguel Cruz de la Mota (Carandai) y al pago de 50 millones de pesos, por el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, la primera dama de la República, Raquel Arbaje, consideró que en el país debería existir la condena de cadena perpetua.
“Debiese existir cadena perpetua”, fue el mensaje que posteó en su cuenta de Twitter.
Se recuerda que en la audiencia de este miércoles el tribunal escuchó los testimonios de siete nuevos testigos, la mayoría de la Policía Nacional.
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También, en la audiencia anterior fueron escuchados 10 testigos de cargo aportados por el Ministerio Público, entre los que se destacan Orlando Salvador Jorge Villegas, hijo de la víctima, y el general de brigada del Ejército Nacional Ambiorix de Jesús Cepeda Hernández, jefe del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), y Juan Manuel Curvo Desangles, ex coordinador nacional de ese Ministerio.
Asimismo, fueron escuchados el coronel del Ejército Wascar Adolfo Montilla Almánzar, exjefe de Seguridad de Medio Ambiente; el jurista Edilio Segundo Florián Santana, ex consultor jurídico de Medio Ambiente; los exfuncionarios y abogados Alfonso María Mendoza Rincón, Porfirio Leonardo, el teniente de la Policía Nicolás Montero, encargado de la seguridad de Jorge Mera, el cura párroco José Arismendy León, y las asistentes del despacho, Erika Altagracia Ramírez y Maribel del Carmen Martínez.
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El tribunal, integrado por los jueces Keila Pérez Santana, Elías Santini Perera y Arisleida Méndez Batista, acogió un pedimento de las representantes del Ministerio Publico, las fiscales Magalis Sánchez, María Silvestre y Laura Toledo, para escuchar en calidad de testigos a los técnicos e investigadores policiales que manejaron las investigaciones y la escena del crimen.
Fausto Miguel Cruz(Caranday) incurrió en la violación de los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, que tipifican como un delito el porte ilegal de armas de fuego, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
De acuerdo al expediente instrumentado por MP estableció que el procesado planificó el asesinato del ministro, alegadamente porque este se oponía a otorgarle unos permisos para exportar 5,000 toneladas de baterías usadas a través de la empresa Aurum Gavia, S.A, por no cumplir con los requisitos exigidos por el organismo para el otorgamiento de ese tipo de licencia medioambiental.
