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República Dominicana avanzó en la recuperación de la confianza de la ciudadanía en la última década respecto a la corrupción, situada con una puntuación de más de un 20 % en las métricas del denominado Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que, como su nombre lo indica, mide cuán corruptos perciben las personas que son sus países.
Muchos notarán que según esta lista, Cuba es el cuarto país menos corrupto de nuestra región. La forma correcta de interpretar el índice es que los cubanos consideran que su país es menos corrupto que, digamos, los colombianos consideran el suyo. Es una medida subjetiva Los países latinoamericanos van desde Venezuela, que ahora ocupa el segundo peor lugar a nivel mundial, hasta Uruguay, que está empatado con Japón y se percibe como menos corrupto que algunas de las naciones más desarrolladas como Estados Unidos y Francia.
En el caso en el que Uruguay lidera la región con el ejemplo. A diferencia de la mayoría de los países de América Latina, que han experimentado turbulencias y cambios drásticos a lo largo de los años, el puntaje de corrupción de Uruguay se ha mantenido estable
La investigación sostiene que las transiciones de poder son saludables y es un testimonio de los sistemas democráticos y judiciales confiables de Uruguay.
La lucha contra la corrupción en el sector público permaneció en 2023 estancada a nivel global por duodécimo año consecutivo, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) presentado este martes por Transparencia Internacional (TI) y que registra avances “mínimos o nulos” en este ámbito.
Desde 2011, el promedio global del IPC se mantiene sin variaciones en 43 puntos sobre 100, mientras que más de dos tercios de los 180 países analizados obtuvieron en 2023 una puntuación inferior a 50.
Solo 28 Estados mejoraron el año pasado en la percepción de sus niveles de corrupción y 34 empeoraron de forma “significativa”, según el informe elaborado por la ONG con sede en Berlín.
La organización señaló la correlación entre el estancamiento del IPC y el declive mundial en el funcionamiento de los sistemas de justicia que reflejan otros índices y que atribuyó al aumento del autoritarismo y, en contextos democráticos, al debilitamiento de los mecanismos de control al Ejecutivo.
