Ronny De la Rosa 
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que declara inconstitucional la resolución 551-08, que buscaba incluir a los y las trabajadoras domésticas a la Seguridad Social, sectores han reaccionado a favor y en contra.
Ruth Díaz, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras (FENAMUTRA), dijo que es una lástima que esta normativa dispuesta por el Ministerio de trabajo haya sido rechazada, pese a los esfuerzos realizados por varios sectores.
“Es una lástima encontrarnos con este fallo, sin embargo, somos respetuosas de las decisiones emanadas de ese tribunal. Sin embargo, para mi organización, la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras, vemos esta coyuntura como una oportunidad para equipar derechos a este sector”, señaló Díaz.
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Denunció que “una vez más se desnudan las carencias y nos compromete a todos y todas como sociedad, a erradicar toda desigualdad entre los trabajadores, no puede haber categorías en términos de derechos humanos, por lo que aprovechamos y hacemos un llamado de reflexión pero también de acción ante las autoridades de la Seguridad Social a que abran la posibilidad de que este sector pueda ser incorporado en el régimen contributivo”
Continúa afirmando que “está establecido el salario mínimo para el mismo y el único requisito técnico que exige la Seguridad Social y de esta manera garantizar el piso de protección social para las Trabajadoras del Hogar y sus dependientes con salud, Riesgos laborales y pensiones”.
Ante esta realidad, senadores como Dionis Sánchez de la Fuerza del Pueblo y el independiente Antonio Marte, entienden que es momento de crear los marcos jurídicos para que estas normativas se puedan llevar a cabo, siempre que no afecten a la ya cargada, clase media dominicana.
Plantean la posibilidad de que las trabajadoras domésticas puedan ser incluidas en el seguro Senasa y así garantizar el derecho a la salud, pero entienden que si no se hace de la manera correcta, se pudiera generar un efecto inverso, que motive al despido masivo, por parte de familias que no cuentan con los recursos necesarios para asumir las nuevas responsabilidades.
La periodista Carolina Lorenzo, quien es empleadora y está ligada al sector, indica que esa resolución sin el apoyo gubernamental, pudiera perjudicar a decenas de familias que por necesidad contratan este personal, pero que no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con las potenciales disposiciones.
Lorenzo, también se suma a la posibilidad de que estos empleados sean adheridos al Senasa, para que la carga no recaiga toda sobre el contratista.
Con este segundo revés, también quedan suspendidas las regularizaciones en torno a las horas laborables, entre otros beneficios.
