Nada frustra más que recomendar algo públicamente y ver que no se toman las medidas para ejecutarlo y que luego, muchos años después, esa propuesta de ayer deviene en una sugerencia generalizada y el inicio de medidas para poder poner en vigencia las recomendaciones.

Tal es mi caso con relación a la deportación de haitianos. En 1989, hace 35 años, período de tiempo que representa algo más de una generación, a través de artículos en la prensa plantee que la presencia de la mano de obra haitiana en los bateyes constituía un obstáculo para el desarrollo económico y que nuestro país “debía abocarse a la promoción de una repatriación pacífica y civilizada de los haitianos que residen ilegalmente en el país” ya que consideraba que “no conviene la presencia de mano de obra haitiana porque retrasa la transformación de la economía, mantiene esquemas de producción que deberían ir siendo sustituidos más rápidamente y detiene el crecimiento de los salarios reales”.

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Así fui el primero en justificar la salida de haitianos por razones económicas y no por prejuicios raciales. En ese entonces, también responsabilicé al CEA por nuestra inflación y por la devaluación del peso, dados los enormes déficits de esa empresa a partir de 1978 que eran cubiertos por inorgánicos, es decir por la emisión de pesos de parte de nuestro Banco Central. Ya en ese 1989 también plantee que dado su alto costo económico y social no valía la pena que el CEA siguiera operando.

En ese mismo 1989 en un seminario sobre las perspectivas de la industria azucarera, ante la presencia tanto de Juan Bosch como de José Francisco Peña Gómez, recordé cómo en 1933 los cubanos habían decidido devolver a sus países a jamaiquinos y haitianos cortadores de caña y cómo a partir de ese año tan solo los cubanos, blancos, mulatos o negros, cortaban su caña. Recordé que entre 1941 y 1943, dada la enemistad entre Trujillo y el presidente haitiano Elie Lescot se había paralizado el envío de braceros haitianos, pues su gobierno había decretado su retorno argumentando que eran necesarios para el esfuerzo de guerra. Allí también recordé que según estudios del BID el 70% de la población de los bateyes de los ingenios del Estado estaba compuesta por haitianos o por dominicanos de origen haitiano, de primera o segunda generación.

En esos años los cortadores venían al país no como anteriormente se hacía bajo contratos formales entre los dos gobiernos, o entre los ingenios privados y el gobierno haitiano, sino que llegaban por la libre “en bas fils”, es decir, debajo de la alambrada, a través de un sistema de buscones que operaba en ambos lados de la frontera. En esa época Balaguer había nombrado al chofer de Trujillo durante la noche del 30 de mayo de 1961 como encargado de la búsqueda de haitianos para el CEA. También en ese 1989 destaqué que en ese momento en Santo Domingo se decía que “sin los haitianos no había industria azucarera”, cuando lo que realmente se debería decir es “que ya no había campo para la industria azucarera tradicional, no mecanizada, dentro de nuestro nuevo esquema de desarrollo económico”, como no lo existía en Puerto Rico a partir de 1950 ni en todas las Antillas, excepto Cuba.

En esa conferencia justifiqué la deportación de haitianos otra vez con argumentos puramente económicos: “Desde el punto de vista económico retrasa la transformación de la economía y mantiene esquemas de producción que deberían ir siendo sustituidas más rápidamente y detiene el crecimiento de los salarios reales”. Expliqué cómo entre 1970 y 1988 los dominicanos habían aportado más de RD$849 millones, principalmente entre impuestos e inorgánicos, para mantener un CEA cuyo déficit tendía cada día a aumentar y su producción a bajar. Argumenté que bajo ningún concepto podía seguir llamándose al CEA “la espina dorsal de la economía dominicana”, y que más bien era “una espina en nuestro dorso nacional”.

Pero no se me hizo caso, pues la gran mayoría de los ingenios azucareros serían clausurados tan solo unos ocho años después de mi exhortación. La mecanización del corte de la caña tan solo funcionaría a partir del 2023. El Central Romana anunció recientemente que el 55% de su corte ya está mecanizado. Las deportaciones tan solo se iniciarían a partir más o menos del 2020.

El deportar hoy se ha convertido en un negocio cobrando tanto para no enviar como para dejarles entrar de nuevo. Esto ocurre en el peor momento desde el punto de vista internacional, ya que la presencia de pandilleros en Puerto Príncipe ha provocado un gran éxodo desde allí hacia el interior de Haití y también en pequeñas embarcaciones y por la frontera dominicana, hacia fuera del país. Se supone que las tropas de Kenia acabarán con el pandillaje lo que entonces haría más fácil las deportaciones. ¿Cuántos nos hubiéramos economizado, en términos económicos, políticos y sociales, si el CEA se hubiese cerrado hace 35 años y desde entonces se hubiesen iniciado las deportaciones y la mecanización en los ingenios privados?