Los sectores nacionales deben reconocer, como han hecho el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la respetada organización anticorrupción Transparencia Internacional (TI), que Luis Abinader ha sido un presidente extremadamente comprometido con la claridad política y la permanente rendición de cuentas a la nación, inusual laberinto ético a través del cual el mandatario conduce su administración.

A principios de mes, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, Patricia Aguilera, felicitó a la República Dominicana porque mejoró la percepción transparente por tercer año consecutivo, esto es, durante la presente gestión de Gobierno. El propio Biden congratuló directamente mediante carta a su homólogo dominicano el mes pasado, debido a que este apoyó la reciente iniciativa económica de la Casa Blanca para consolidar las democracias de la región.

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Mientras tanto, Transparencia Internacional acaba de publicar su índice de percepción de la corrupción en el sector público del año 2023, donde afirma que la República Dominicana es el único país de la región en haber logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción desde el año 2021. En unos cuantos años, Dominicana fortaleció la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, permitiendo avanzar en casos de gran corrupción, afirma la organización internacional, cuyo último reporte destaca el ascenso de tres puntos luego de alcanzar el puesto 108 de 180 países escrutados, un avance de 35 puntos respecto a los 32 del año 2022 y de 30 en relación al 2021.

Creo que la pureza en la administración de los recursos del Estado es el camino más corto para luchar contra la corrupción, comparado con el largo, disputado, tedioso y costoso camino que emprende el Ministerio Público para enfrentar ese flagelo, como las sonadas imputaciones de corrupción que actualmente ocupan la atención pública.

Normas existen demás en nuestro sistema de justicia para jamás dejar impune la corrupción. En cinco numerales, el Artículo 146 de la Constitución proscribe la corrupción, condenándola en los órganos del Estado, mientras que el Código Penal, la legislación adjetiva, persigue los crímenes y delitos contra la Cosa Pública, así como contra la prevaricación y coalición de funcionarios en el ejercicio de sus funciones.

La transparencia política es una cualidad de la actividad pública, que consiste en la apertura del sector público a la divulgación de información acerca de su gestión, característica de un Estado democrático. Y Abinader ha sido reconocido con toda justicia.