Las discusiones sobre el tamaño óptimo del sector público han formado parte de los planteamientos fundamentales de todas las corrientes del pensamiento económico y de las finanzas públicas. Los enfoques sobre el papel del Estado en la economía, comprenden un abanico que va desde quienes consideran que el sector público debe reducirse a lo mínimo posible, para que los agentes económicos puedan actuar con libertad, hasta quienes promueven una intervención del Estado cada vez mayor, como forma de resolver las distorsiones que crea el mercado.

Los hechos históricos parecen demostrar la preeminencia de sistemas mixtos en los que coexisten el Estado, con funciones muy específicas que se expresan mediante su intervención en múltiples aspectos y vertientes suministrando bienes y servicios públicos, junto con un sector empresarial e individual que asume una gran parte de las actividades de comercio y negocios privados, cuya finalidad esencial es la obtención de lucro.

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Pese al resurgimiento de corrientes ultraliberales o libertarias, los temas de discusión hoy son sobre cuál es la dimensión o tamaño óptimo que debe tener el sector público de las economías.

En el contexto anterior y en medio de las discusiones sobre una posible reforma fiscal en la República Dominicana, cabe formular la pregunta: ¿Cuál es el tamaño del sector público dominicano? ¿Es pequeño, grande, mediano, óptimo, con qué o cuáles países lo puedo comparar para catalogarlo?

Para dar respuesta a las preguntas planteadas debemos analizar las distintas formas, indicadores o dimensiones que son utilizadas para medir el peso económico del sector público. Existe una extensa variedad de indicadores para evaluar o medir el tamaño de la intervención del Estado en la economía.

La principal fuente de datos para valorar el tamaño del sector público es el Presupuesto General del Estado (PGE), en el cual se registran las diversas operaciones del Gobierno.

Un primer indicador es el tamaño del presupuesto, con relación al nivel de producción del país representado por el Producto Interno Bruto (PIB), sirve para expresar qué proporción del PIB es el PGE. En términos específicos, se resume en la ecuación:

Tamaño del presupuesto = Tp = PGE/PIB

En la ecuación anterior, que puede también denominare presión fiscal, el PGE es igual al total de todas las partidas de gastos y erogaciones del Gobierno que, por defecto, debe ser igual a todas las partidas de ingresos públicos y fuentes financieras. Ese indicador puede calcularse excluyendo las cuentas de endeudamiento (fuentes y aplicaciones financieras), lo cual representa lo que se denomina tamaño presupuestario no financiero.

De igual manera, se puede medir la proporción del gasto público excluyendo las transferencias focalizadas con respecto al PIB.

Otro grupo de indicadores para medir las dimensiones del sector público son: Gastos corriente/PIB, Gastos de inversión/PIB, Ingresos fiscales/PIB, Ingresos tributarios/PIB (presión tributaria), Numero de funcionarios públicos/Total de empleos, Deuda pública/PIB, Déficit fiscal/PIB, consumo público/consumo total, inversión pública/inversión total de la economía, entre otras.

El siguiente análisis se concentra en la medición del tamaño del sector público dominicano, tomando como referencia el indicador del tamaño presupuestario. El objetivo del análisis es mostrar que, si bien el tamaño de la participación del Estado en la economía dominicana no se puede calificar de excesiva, tampoco se puede decir, como afirma una gran parte, que es pequeña o muy inferior a la de los pares de América Latina y el Caribe (AL y C) como dicen otros.

Sobre el presupuesto

Una cuestión que cabe señalar es que, a partir del 2021 en República Dominicana se ha venido aprobando una Ley de Presupuesto General del Estado que en sus primeros artículos contiene disposiciones sobre el PGE consolidado, pero que luego su discusión, ejecución, modificación y resultados se concentran en una parte de éste, que tiene que ver con el Gobierno o la administración central.

Esta situación se produce, pese a que la Dirección General de Presupuesto (Digepres) produce informaciones que permiten medir al sector público de manera consolidada y contactar su verdadera dimensión.

En efecto, si se toma como referencia el PGE de gasto para el ejercicio 2024 se puede verificar que el tamaño del sector público dominicano, consolidando sus diferentes subsectores, áreas y subáreas, incluyendo el componente financiero, es equivalente a un 29.4% del PIB estimado para la formulación del presupuesto. Si solo consideramos el presupuesto del Gobierno central (GC), se verifica que el tamaño de éste con respecto al PIB, incluyendo el componente financiero es de 20.7%, es decir, 8.4% del PIB inferior al consolidado.

Generalmente el indicador del GC es el que se toma para afirmar que tenemos un sector público pequeño, lo cual parece no ser tan cierto.

El promedio del gasto/PIB del GC de 15 países de AL y C en 2023 fue de 21.4% y de República Dominicana 19.4%, es decir, una diferencia de 2 puntos porcentuales del PIB.

En el caso de los ingresos, la brecha también es de unos 2.2 puntos porcentuales del PIB, debido a que el promedio de los 15 países tomados como referencia es de 18.17% del PIB y el del país 15.95%, lo cual parece mostrar que la brecha no es tan amplia como generalmente se piensa y se repite en muchas ocasiones.

Las informaciones disponibles sobre el peso del sector público dominicano permiten afirmar que, si bien el tamaño del Estado con relación a la economía no se puede catalogar de excesivo, tampoco es correcto decir que nuestro sector público es pequeño. Tenemos un sector público con una importante gravitación que puede ser mucho mejor, más eficaz y sobre todo mucho más eficiente.

De acuerdo con las informaciones sobre el presupuesto del sector público consolidado de la Digepres, para este año, la cantidad de empleados registrados al momento de la formulación del PGE 2024 ascendía a 754,425 y los gastos por conceptos de sueldos y contribuciones sociales se estimaron en RD$529,677.5 millones.

Como puede comprobarse, la cantidad de empleados del sector público consolidado para este año equivale al 32.9% del empleo formal registrado en la TSS para enero y un 31.7% del total de ocupados formales registrados por la encuesta de fuerza de trabajo del Banco Central.

Algo que es aceptado por casi todo el mundo es que hay funciones y atribuciones que deben ser desempeñadas por el Estado, por una diversidad de razones que ahora no vale la pena mencionar.

La Constitución de la República y las leyes le atribuyen al Estado la responsabilidad de establecer el marco legal para regular las actividades económicas, al tiempo que le obliga a suministrar una serie de bienes y servicios públicos que no son atendidos adecuadamente por la iniciativa privada.

Al Estado le está reservado el derecho, de igual manera, de regular, fiscalizar o incentivar muchas actuaciones privadas que pueden tener consecuencias negativas o positivas sobre el bienestar general de la sociedad, lo cual justifica su intervención, pero debemos procurar siempre que estas funciones se concreten con la mayor eficacia, eficiencia y transparencia posibles.