Las diligencias previas a la promulgación del Código Procesal Penal -CPP- fueron muchas. Mediante decreto fue creada la Comisión de Revisión y Actualización del CPP-27.02.1997- y se estableció el Foro de Apoyo a la Reforma Procesal Penal. Una Comisión especial estuvo a cargo de “la puesta en marcha de la reforma”.

El trabajo fue intenso. El nuevo código era un desafío para estudiosos del derecho, para abogados curtidos en los afanes de estrado, para jueces, fiscales, policías, para profesores obligados a la adecuación de cátedras. Se preparaba el advenimiento de un nuevo ciclo para el proceso penal. La jornada comenzó con la demonización del sistema mixto- acusatorio inquisitorio-. Los leguleyos repetían que la jurisdicción de instrucción era una especie de cámara de tortura, un espacio propio de la inquisición. La apuesta era preservar el debido proceso, erradicar las prisiones arbitrarias, a la orden del día por razones políticas o por dictados de las élites ajenas al cumplimiento de la ley. Del mismo modo, propiciar un proceso penal expedito “sin trámites interminables” como expone uno de los Considerando de la ley 76-02.

Dos décadas después los traspiés son muchos, ha sido difícil la aplicación de la normativa establecida. La prueba está en el desastre del sistema penitenciario, sin dolientes ni responsables, en la negación de la presunción de inocencia y en el olvido del debido proceso. El “tránquenlo” está inscrito en el alma nacional, su reivindicación fascina a los promotores del populismo punitivo.

El presidente anunció, la semana pasada, en la reunión que preside para evaluar el decurso del Plan de Seguridad Ciudadana- esta vez con presencia de directores de medios- , la decisión de presentar un proyecto para reformar el CPP. “No puede ser que queramos ser más garantistas que los países nórdicos” proclamó. Los aplausos retumbaron, demostrando la obsecuencia con el poder, aunque esté equivocado el jefe. Refirió algo inexacto sobre la reincidencia y todos a una comenzaron a repetir lo mismo en los distintos medios ahí representados.

Error de sus asesores o terquedad presidencial pero el equívoco ameritaría una reacción de la comunidad jurídica, de los especialistas que todavía se atrevan a disentir y estén inmunes a la seducción del Cambio. El silencio no puede apañar delirios reformadores, ni ratificar la infalibilidad oficial. Suficiente hubiera sido recordar las garantías establecidas en la Constitución para desanimar la propuesta.

A propósito de la boutade presidencial vale la remembranza de una de las múltiples anécdotas atribuidas a Petán Trujillo. El creador de “La Voz Dominicana” no escatimaba esfuerzo ni recursos para mantener la excelencia en las instalaciones de la emisora de radio y tv. Exigente, despótico, preocupado por mantener su feudo se inmiscuía con notas y afinaciones. En una ocasión pidió, fusta en manos, a un prestante músico evaluar la calidad de un estudio para grabaciones y espectáculos, antes de inaugurarlo. El convidado se atrevió a señalar que había problemas con la acústica. ¿Dónde la venden? ¡Cómprela! ordenó Petán. La acústica no la venden en una tienda, tampoco el estado de derecho se mantiene con una reforma improcedente.