A una oposición que se opone a todo no debe reprochársele que trate de impugnar la reforma de la Policía a causa del escándalo provocado por el robo de municiones de la Intendencia de Armas, muchas de las cuales fueron a parar a manos de bandas criminales haitianas; un trasiego que dadas sus implicaciones internacionales tiene que ser aclarado, lo que se espera ocurra durante el proceso judicial que se le seguirá a los imputados en el llamado Caso Pandora. ¿Cómo fue posible que las transacciones se realizaran en un mercado binacional, a la vista de todo el mundo, y ninguna autoridad se diera por enterada? ¿Por qué no se dieron cuenta tampoco los organismos de seguridad, que uno espera estén mas atentos en una zona tan sensible para la seguridad nacional?

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Lo dejo ahí porque son demasiados los porqué y los cómo todavía sin respuestas, lo que deja un espacio enorme para las conjeturas y las especulaciones, que en su mayoría dejan mal parados al gobierno y a la propia Policía. Porque lo cierto es que el caso, en el que están involucrados nueve miembros de la institución y una civil, es un duro golpe a un proceso de reforma que, según legisladores de la oposición, no exhibe cambios significativos en su accionar ni en el comportamiento de sus miembros, a pesar de todo el dinero que se ha gastado en uniformes y capacitación, pero sobre todo en cacarearla y publicitarla.

Aun así, pocos son los que se atreven a discutir que la reforma policial es necesaria, que merecemos una policía distinta, mas profesional y capacitada; confiable guardián de la seguridad ciudadana, y un largo etcétera de expectativas incumplidas. Pero aún armados con las mejores intenciones y todo el dinero del mundo, que por supuesto no tenemos, no podríamos cambiar esa policía de un día para otro, con un chasquido de los dedos. Chú Vásquez, cuando fue Ministro de Interior y Policía, se cansó de repetirlo, pero o no le hicieron caso o no supo hacerse entender. La tarea sigue pendiente.