En proyecto de reforma de la Ley Electoral, depositado en la Cámara de Diputados, reconoce el derecho de los policías activos a ejercer voto en elecciones de partidos
Una nueva reforma de la Policía Nacional está pendiente en el Congreso Nacional, y propone corregir errores que persisten en la vigente Ley Orgánica de la Policía Nacional, promulgada el 15 de julio del 2016.
En ambas cámaras del Poder Legislativo permanecen estancadas, asimismo, las modificaciones del Código Penal y de la Ley que establece el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, Ley 87-01.
La falta de consenso, la poca voluntad política y la lucha de intereses dentro del ámbito legislativo, en los sectores económicos y por ideología de género, frena tanto el avance del Código como el de la enmienda a la Ley 87-01.
El diputado del Frente Amplio, Juan Dionicio Rodríguez, culpa a los sectores conservadores de torpedear el Código y el progreso de la Seguridad Social, para dotarla de mayor cobertura para el país.
Proyecto para modificar legislación policial de rd.
En senador por la provincia San Cristóbal, Franklin Rodríguez, sometió en octubre del año pasado un proyecto de modificación a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, del que está apoderada la Comisión Permanente de Interior y Policía de la cámara alta.
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El legislador indicó el proyecto busca crear el Sistema de “Cámara Testigo” en los policías y el Sistema de Geolocalización en el equipamiento de las unidades de patrullaje.
Procura dotar a la Policía Nacional de una logística especial con armas no letales, además de las letales, cámaras de vídeo en uniforme y en las unidades.
Sostuvo que presentó la enmienda preocupado por los diferentes escándalos y asesinatos en los que varios miembros de la entidad policial se han visto involucrado.
Actual ley de la PN
Limita a 40 años el tiempo máximo que debe durar un agente en la institución. Regula el uso de la fuerza por parte de los agentes al actuar frente a la ciudadanía. Dispone que los altos oficiales en funciones administrativas hagan sus declaraciones juradas de bienes. Reduce a 20 los generales activos y prohíbe que policías prestar servicio a particulares, personas o instituciones.