Al 2021 de cada 100 empresas instaladas en República Dominicana, 85 estaban en el Gran Santo Domingo, Santiago, Distrito Nacional, San Cristóbal, La Altagracia, Puerto Plata, La Vega y Duarte.

Nuestras ciudades crecen en caos. Escasa conectividad, efluentes industriales contaminados, exigua responsabilidad social del sector privado y ayuntamientos inexpertos en ordenar el suelo. Provincias productoras de riqueza, con importantes inequidades socio-territoriales pero con significativas oportunidades de mejora. Un cuarto del área construida ocurrió a menos de 3 Km de la costa, sin plantas de tratamiento del agua.

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) registra 109,293 empresas y 114,997 establecimientos. Este crecimiento es detonante de explosiones, inundaciones, accidentes y trances ambientales.

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, su Viceministerio de Ordenamiento Territorial y la Liga Municipal (LMD), deben enfocarse. Facilitando recursos y asistencia técnica que aseguren planes de ordenamiento rigurosos. Santiago podría colaborar. La Agencia de Estados Unidos Desarrollo Internacional (USAID) nos invitó a Dubuque, Iowa, ciudad ubicada en las riberas del río Mississip pi. Observé enfurecidos debates ciudadanos sobre ordenamiento territorial. En asambleas abiertas, se le explica a cada barrio, detalles de cualquier obra, empresa o industria nueva que se pretenda instalar.

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Con algunas excepciones, en RD los ciudadanos comunes están excluidos de participar en el ordenamiento territorial. En materia de normas de uso de suelo, predomina “el arquitectonismo”. Es decir, la desviación que pretende dejar en manos de “arquitectos” la propiedad y uso de disciplinas asociadas al urbanismo y el saber ordenar un territorio.

Todavía impera el extravío conceptual de depositar confianza solo en arquitectos e ingenieros, para asegurar que el suelo no se convierta en factor acelerador de enfermedades, muertes, destrucción de vida natural y quiebra económica. Si no ordenamos el territorio donde la gente trabaja y vive, lo acontecido en San Cristóbal es la punta del iceberg de lo que viene.

Se cree que un título de propiedad es licencia para matar otorgada “a James Bond por el Servicio de Inteligencia Secreto de su Majestad”. Asumimos que podemos colocar una empresa donde nos plazca. Comprar camiones a discreción para comercializar gas explosivo, construir edificaciones en áreas vulnerables y arrojar agua contaminada industrialmente a los ríos.

En Santiago nos hemos concentrado para que este caos no le quite competitividad a la ciudad. A nuestro exitoso Aeropuerto Internacional Cibao (AIC). Gestamos que las empresas sean socio-responsables y eviten crecer hacia la falla sísmica. Que eleven la permeabilidad del suelo con soluciones basadas en naturaleza, protejan cuencas urbanas integradas a la movilidad y se certifique el saneamiento del agua.