Parecería a la orden del día que el Estado dominicano fije posiciones firmes con la toma sopesada de decisiones sobre lo que más convendría al país entre la objeción que en diversos grados emergen contra el aprovechamiento de metales que moran bajo suelos o avanzar en explotarlos más definidamente con adhesión al principio de que ninguna extracción minera debe autorizarse o prolongarse como alegre entrega de valiosos recursos naturales a intereses particulares, nacionales o foráneos, sin claridad de límites para la protección ambiental y de la salud y el quehacer productivo de comunidades. Tiende a importar mucho el debate que se suscitan y guardan parecido con el dilema que en diversas circunstancias pone dubitativos a los países entre el bien y el mal: a que las naciones pierdan o ganen; así, sin matices.

Mientras en foros internacionales que promueven la explotación socialmente responsable de la minería por momentos se percibe la ausencia de verdaderos compromisos globales con la sostenibilidad, la firma de extracción Barrick Gold que opera en Pueblo Viejo, Cotuí, es atenazada por conflictos con moradores del entorno que exigen indemnización justa para desocupar terrenos imprescindibles para la continuación de operaciones y por la oposición resuelta de los defensores de la naturaleza a la instalación de una nueva presa de cola, considerada por ellos de grave peligro para el ecosistema regional. Sin ella, cesaría la extracción a corto plazo.

Puede leer: Dice Gobierno está de rodillas ante las mineras

En contraposición, se pronuncian, desde otra perspectiva quienes en principio, consideran que el país puede razonablemente aprovechar el contenido de metales preciosos del subsuelo en ejercicio de una minería de mínimos efectos colaterales y gran beneficio económico. Actividad que al comenzar el lustro aportaba hasta ese momento al Producto Interno Bruto por el metálico recurso más de 89 mil millones de pesos, equivalentes a un 2.0%. La importancia de los yacimientos como fuentes de beneficios para la economía nacional corre riesgo con el virtual colapso del aprovechamiento del ferroníquel en la provincia Monseñor Nouel y el rechazo, científico y comunitario, que mantiene sin tocar el abundante elemento metálico, dúctil, maleable y brillante que duerme bajo el suelo de San Juan de la Maguana.

Pero al tiempo que toman mayor vigencia las críticas e insatisfacciones por los términos del acuerdo en que la Barrick basa sus operaciones en el país vale escandalizarse con la impunidad con las que diezman recursos naturales de la corteza terrestre las granceras que proveen insumos al irrefrenable sector de la construcción con la admisión de la Cámara Minera y Petrolera de República Dominicana de que sobre el territorio nacional existen en la actualidad «cientos de explotaciones de agregados sin ningún tipo de supervisión» porque está dividida la responsabilidad estatal (que cae en contradicciones y omisiones) y avasallantes influencias que anulan directrices. Así lo expresaron ejecutivos de la entidad en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio de esta semana.

FLEXIBILIDADES

Las posiciones respecto del dilema con la Barrick no son adversamente recias en todos los casos. El periódico El Día opinó el jueves que, por lo que se puede ver, en el país «se tiene una conciencia clara de la importancia de una legislación actualizada que permita márgenes apropiados de seguridad en este negocio (la minería) en atención a los potenciales daños de toda extracción minera, la ausencia institucional de protección efectiva al ambiente y contra impactos negativos sobre comunidades.

Opinó que «No queda claro si entre inversionistas y gobernantes hay una comprensión de la sensibilidad de las comunidades ante el negocio minero y de su importancia como garantía en alguna medida de que este recurso (el oro) no renovable no pase a inutilizar grandes áreas con el denominado pasivo ambiental».

Más consideradamente, la Cámara que como órgano que representa los intereses de las mineras y dice comprender lo ineludible de que toda extracción sea sostenible, abogó el miércoles porque se instale una mesa de diálogo con rigor científico para evitar situaciones de anarquía en perjuicio del país y de sus riquezas del subsuelo.

El periódico Diario Libre sostuvo en una de las secciones que expresan criterios de redacción que:

«Como actividad económica, la minería juega un papel crucial en países desarrollados y en vías de desarrollo. Su impacto en la generación de riquezas y su contribución al crecimiento saltan a la vista». Y a continuación argumento que «La Barrick Gold, una de las principales empresas mineras que operan en el territorio dominicano, representa un caso emblemático. El enfoque correcto no debería ser obstaculizar sus operaciones sino la exigencia de que estas se lleven a cabo bajo principios de responsabilidad social y sostenibilidad. A las autoridades toca que estas se lleven a cabo bajo principios de responsabilidad social».

BARRICK BAJO FUEGO

El liderazgo comunitario de la zona de Cotuí dijo recientemente que se sentía privado de respaldo oficial en su pugna con la Barrick sobre indemnizaciones y reubicaciones dignas para abandonar los terrenos que la minera necesita para su presa de cola y en una oportunidad anterior el Gobierno dijo estar convencido de que la firma canadiense es seria y está comprometida con una minería responsable. Este criterio ha sido rebatido enfáticamente desde la comunicación social dominicana.

Fijando posición editorial sobre la presencia de la poderosa minera en el país, el medio digital Acento.com.do sostuvo que: «las operaciones de la empresa Barrick Gold en el mundo se caracterizan por la destrucción del medio ambiente, la corrupción política, los conflictos sociales, los abusos contra los derechos humanos, la complicidad de las autoridades y el consumo (excesivo) de cantidades de agua y energía».

La Academia Dominicana de Ciencias ha estado en contra de los términos en que se funda el tratamiento contractual del Estado dominicano a la minera y en una ocasión solicitó la suspensión de las operaciones de la empresa hasta que se completaran todos los procedimientos de evaluación ambiental para el tamaño y la metodología de sus extracciones de oro. Además salió en defensa de los pescadores del lago de Hatillo para que las aguas que derivan a ella desde Pueblo Viejo lleguen saneadas. Se les atribuyen daños mortales a la fauna.

La Comisión Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo consideró, desde su observatorio de asuntos ambientales, que la instalación de la presa de cola, debidamente aprobada por el Gobierno, podría ser de grave peligro para el ecosistema local y aludió a estudios técnicos que advertirían sobre los efectos «catastróficos» de algún posible colapso de la estructura que debe impedir el paso a contaminaciones por los ácidos residuales de que se deshace Barrick en sus procesos de obtención del metal.

La Barrick ha tenido otros frentes abiertos: a raíz de que resultara herido por policías y militares al servicio de la minera un sacerdote solidario con la demanda de moradores a ser desalojados, la Conferencia del Episcopado manifestó enérgico rechazo a las agresiones que consideró dirigidas contra la comunidad entera de la sección cotuisana de Arroyo Vuelta. Con más leña al fuego, el economista Luis Manuel Piantini insistió esta semana en la necesidad de iniciar acciones para que sean retornadas al Banco Central las acciones que el Estado dominicano posee en la Barrick Gold.

MINA FRENADA

El oro de la provincia de San Juan, más quimérico que el de la versión fílmica homónima de Charles Chaplin, parece, por la intensidad de los rechazos comunitarios en los que milita con fuerza la Iglesia Católica, permanece condenado a no salir nunca a la luz. Los obispos de la jurisdicción y sus 19 sacerdotes han advertido al Gobierno sobre «las consecuencias nefastas para la salud y la vida de esta zona del país» de las pretendida explotación minera del proyecto El Romero de la empresa canadiense Goldquest».

Sobre la propuesta de hacer allí un tipo de extracción que algunos consideran más amigable que el de la Barrick por ser subterránea en toda su extensión, el ambientalista de recios criterios Luis Abinader opinó que efectivamente auguraría menos impacto negativo al ambiente y generaría beneficios económicos y la recuperación de la hidrografía de la zona, pero se ha opuesto a la extracción por estar ubicada en la proximidad de la cuenca más importante de la región.

En este aspecto coincidió con la posición asumida por el clero católico: “El agua constituye un patrimonio nacional y estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano tiene prioridad sobre cualquier otro uso».

Una sentencia demoledora del Tribunal Constitucional se interpone entre el sueño de la firma Goldquest, que ya invirtió una millonada en detectar la riqueza del subsuelo sanjuanero, y el ideal de hacer salir el metal de esas entrañas: «La presa de Sabaneta es un activo económico social del país y una garantía para la producción de alimentos en el valle de San Juan que jamás debe ponerse en peligro, menos por actividades tan lesivas a la naturaleza siendo que ella podría absorber los impactos negativos de las actividades mineras».