Por: Ricardo Elías Melgen
Los modelos predominantes en una sociedad, están relacionados con el centro de poder del cual depende un país, de acuerdo a cada período histórico. República Dominicana, como pequeño Estado insular caribeño capitalismo dependiente, ha dependido política, económico e ideológicamente desde la época colonial, de los países europeos y luego como país periférico, de las naciones del Norte global; instalándose un conjunto de ideas, creencias, valores e intereses, que se han internalizado y naturalizado como supuestas grandes verdades por amplios conjuntos sociales y políticos.
El sistema de salud del país ha sido capturado por esa dinámica. Ante esta situación y con el objetivo de romper con estas ideas hegemónicas dominantes, organizadas y reproducidas por los centros de poder, se instala la necesidad de impulsar procesos y espacios de construcción de conocimiento crítico, que resulten sustanciales para fortalecer capacidades de actores claves, tanto en el Estado, como en los movimientos sociales (sindicatos, organizaciones sociedad civil, organizaciones sociales, otros) e instituciones académicas capaces de generar otra epistemología y hegemonía popular, democrática y transformadora.
Como en el resto de los países de Latinoamérica y el Caribe, desde las últimas década del pasado siglo, el sector Salud en República Dominicana venía presentando una serie de problemas sistémicos, que con el influjo de instituciones multilaterales, especialmente del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, se iniciaron procesos de reformas en las políticas del sector salud, contemplándose la creación de un nuevo marco legal con leyes, reglamentos y normas, que definieron la organización del sistema de salud, su forma de financiamiento y aspectos vinculados a la provisión de servicios.
Los instrumentos principales de este proceso fueron la Ley General de Salud (Ley 42-01) y la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) ambas promulgadas en 2001. Luego de más de 20 años de haberse promulgado ambas leyes y el contexto que presentó la pandemia global del SARS-CoV-2; surge la necesidad, antes de realizar una reforma del sistema de salud, el de poder repensar y redefinir el ¿para qué? y el ¿por qué? del sistema de salud dominicano en este siglo XXI, con una nuevas perspectivas epistemológicas y metodológicas, para comenzar a pensar propuestas alternativas.
Los patrones de cuidado a la salud, hasta el siglo XX, han estado polarizados entre dos sistemas bien diferenciados: el llamado “estilo moderno” o patrón de medicina europeo-norteamericana, reconocido como muy eficaz y que corresponde a los estratos socio-económicos más altos, concentrado en la urbe y que gozaba del prestigio de la clase dominante y otro muy oculto, difundido en la población rural, dispersa y pobre, derivado del sincretismo de la medicina africana y taína.
Todas las regulaciones sanitarias emitidas y las instituciones creadas hasta la primera mitad del siglo XX, estaban orientadas hacia la prevención y control de enfermedades infecciosas, enfrentar el ingreso y la propagación de enfermedades contagiosas, medidas relacionadas con la doctrina del panamericanismo sanitario, implementada como corriente hegemónica de la salud pública en la región de Latinoamérica y el Caribe desde fines del siglo XIX y todo el siglo XX, con estrategias, políticas, programas e intervenciones llevadas en la región como un todo uniforme, sin contemplar el contexto individual de los países.
A partir de la ocupación por parte de los Estados Unidos en 1916, se establece un estilo orientado a la práctica liberal y la tendencia hacia las especialidades médicas, creándose la primera unidad o departamento en el país que se encargaría de dirigir los servicios relativos a la salud pública y que luego, en 1924, pasa a ser la secretaria de Estado de Sanidad y Beneficencia.
Durante el régimen de Trujillo, con la organización estatal, se pone el énfasis en actividades de saneamiento y campañas de tipo militar contra las enfermedades endémicas, se introduce la policía médica y se crea una red de hospitales públicos para la población más pobre.
La industrialización en el país da inicio al servicio médico de la clase obrera, orientada a mantener la productividad de los trabajadores de las empresas; también se desarrolló el cuerpo médico de las fuerzas armadas, necesario para mantener el control político y económico del país. Por acuerdos establecidos con la Organización Internacional del Trabajo, se promulga la Ley sobre Seguro Social, estableciéndose el seguro obligatorio; antes, únicamente existía la asistencia hospitalaria y algunas disposiciones laborales.
Con esta Ley se promueve el modelo de seguro social alemán de Bismarck, entendiendo que en un contexto internacional a largo plazo, este modelo de aseguramiento obligatorio, relacionado con el mercado laboral formal sería la respuesta adecuada para el logro de la cobertura universal.
República Dominicana no pudo desarrollar un sistema sólido de seguridad social durante el siglo XX y, tanto la ley de seguro social como el Código de Salud Pública de la República Dominicana (código de Trujillo), se mantuvieron vigentes hasta que en 2001 se establece un nuevo marco legal para el sistema de salud en el país, con las dos herramientas jurídicas fundamentales: la Ley General de Salud (Ley 42-01), del 8 de marzo de 2001 y la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) (Ley 87-01), del 9 de mayo de 2001.