Hay que celebrar que desde el gobierno se hayan tomado todas las medidas necesarias para resguardar la frontera, sobre todo después de que las bandas armadas que gobiernan Haití atacaran la principal cárcel de ese país liberando a más de 3,500 reclusos que guardaban prisión por distintos delitos, desde asesinatos hasta narcotráfico. Eso es lo que permitiría al gobierno “darle una respuesta drástica”, en palabras del presidente Luis Abinader, a cualquiera de esos reclusos que intente entrar a territorio dominicano, donde definitivamente no son ni serán nunca bienvenidos.

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El problema está en que ninguno de ellos se va a presentar con un pasaporte en la mano ni pidiendo permiso a las puertas de entrada que hay en la frontera, todavía demasiado porosa a pesar del muro, por lo que lo lógico sería que traten de infiltrarse por los puntos más vulnerables, donde la vigilancia, por la abrupto y accidentado del terreno, es más difícil y complicada.

Sin embargo el Ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, asegura que no hay posibilidad de que esos delincuentes puedan cruzar para este lado, debido al cerco que se ha establecido con el reforzamiento de la vigilancia. Y como lo dice en ese tono hay que tomarle la palabra, pero cuando uno piensa en lo fácil que le resulta a los ciudadanos haitianos ordinarios, siempre que paguen lo que les cobran las mafias que dirigen el trasiego de ilegales de este y aquel lado, tiene que concluir que para gente curtida en el crimen tiene que ser mucho más fácil todavía; como han demostrado los miembros de bandas que nos visitan, uno de los cuales fue apresado en San Pedro de Macorís hace casi un año gracias a la información ofrecida por las autoridades haitianas. ¿Hicieron lo mismo con los reclusos que se fugaron para poder darles seguimiento en caso de que logren ingresar a territorio dominicano? Si no fue así, si no conocemos la identidad de ninguno, estamos en problemas, y por desgracia de los que menos necesitamos.