El gobierno podrá decir lo que quiera, que negoció y puso condiciones a los propietarios de centros de diversión de la provincia Santo Domingo para levantar la prohibición de vender bebidas alcohólicas después de las doce de la noche, pero la decisión de dar marcha atrás a la medida tiene el amargo sabor de la derrota para miles de ciudadanos que creyeron en lo que se les vendió: que se trataba de un esfuerzo serio para enfrentar la delincuencia y la violencia que la acompaña.

Por eso se hace necesario recordar que hace tan solo unos días, es decir el pasado viernes, el Ministerio de Interior y Policía envió a los medios de comunicación un amplio documento con estadísticas al día sobre los homicidios registrados en la provincia Santo Domingo después de la medianoche, con el que pretendía –se interpretó– justificar ante la opinión pública su decisión.

Y sospecho que no fuimos pocos los que al ver, con los datos fríos que ofrecen los números, el tamaño del problema al que nos enfrentamos, la entendimos razonable y pertinente aunque suponga un sacrificio temporal para ese sector comercial y los bebedores noctámbulos, pero que se hace en nombre de un bien mayor para beneficio la sociedad toda.

Puede leer: Nadie los ha escuchado

Según esas estadísticas, en lo que va del presente mes de noviembre se han registrado en esa demarcación 308 homicidios, que también indican que esos números han ido aumentando de manera progresiva año tras año. ¿Cómo no entender que las autoridades están obligadas a hacer algo para evitar que esa tendencia continúe?

Poco duró, sin embargo, el intento y las buenas intenciones que lo acompañaron, sin que nos haya quedado claro de qué manera se asegurarán las autoridades de que los dueños de centros de diversión cumplirán con las ocho condiciones que se les exigieron para levantar la veda. Y es que en este país, como sabemos por amarga experiencia, nos cansamos demasiado pronto –debo volver a repetirlo– de hacer las cosas como Dios manda.