Héctor A. Ríos Maury/Latinoamérica21

Estados Unidos tiene, fundamentándose en el artículo 4, sección 3 (Cláusula Territorial) de su Constitución, 16 territorios, de los cuales 5 están poblados: Samoa Americana, Marianas del Norte, Guam, Islas Vírgenes Americanas y, desde 1898, Puerto Rico, que es el único de estirpe latinoamericana, hispanohablante y el que tiene mayores grados de autogobierno, que incluyen una Constitución local. Todos los ciudadanos estadounidenses residentes en los 5 territorios (colonias de acuerdo con interpretaciones del Derecho Internacional) experimentan una situación de inferioridad política en relación con sus pares de los estados. Aunque ostentan la ciudadanía estadounidense, no tienen los mismos derechos civiles y políticos. Por ejemplo, a pesar de que son reclutados para servir en las fuerzas militares, carecen de representación con voz y voto en el Senado y la Cámara Federales (solo tienen un Comisionado, únicamente con voz) y no pueden votar por el presidente de la Unión Federal.

Puerto Rico es el único territorio con un sector político notable que desde hace décadas aboga por la estadidad, es decir, la integración jurídica y política plena como el Estado 51. Esta opción se convirtió en mayoritaria en 2012 cuando ganó el plebiscito de entonces, y volvió a triunfar en las consultas plebiscitarias de 2017 y 2020.

Un nuevo plebiscito

El próximo 5 de noviembre los puertorriqueños acudirán nuevamente a las urnas para votar en sus elecciones generales (las elecciones locales incluirán, además, una consulta simbólica sobre la contienda estadounidense entre Donald Trump y Kamala Harris) y celebrar otro plebiscito (el séptimo), cuyas opciones de estatus son las mismas que se establecen en el Proyecto 8393 de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de 2023: la estadidad, la independencia o la libre asociación, que es una forma de independencia en vinculación con la metrópolis, parecida al pacto que en 1990 firmaron Estados Unidos y las soberanas Islas Marshall.

De acuerdo con ese proyecto, si los puertorriqueños optan por la libre asociación, esta fórmula garantizaría por 20 años, a partir de su implantación, durante la transición hacia la separación definitiva, la ciudadanía estadounidense a los nacidos durante ese periodo, y las transferencias de fondos gubernamentales federales, que hoy ascienden a aproximadamente 26.000 millones de dólares al año. El Proyecto 8393 reconoce que la ciudadanía estadounidense y las transferencias federales serían permanentes en la estadidad y se eliminarían en la independencia. Esta legislación, por considerarlo la razón principal de la quiebra gubernamental de 2017, todavía vigente, y de otros problemas de la sociedad puertorriqueña, excluye como alternativa el actual estatuto territorial/colonial: estado libre asociado (ELA), fundado en 1952.

Proyecciones

Algunas mediciones de intención de voto proyectan que la estadidad volverá a obtener una mayoría de alrededor del 55 %, y las dos formas de independencia oscilarán el 45 %.

Un resultado en ese rango sería una nueva victoria de la estadidad. No obstante, está por verse si tendría toda la contundencia que necesita el movimiento estadista para avanzar en sus cabildeos ante el Partido Republicano de Estados Unidos, que es la entidad en la que más renuencia hay en torno a la integración, por dos razones principales: el liderato republicano bajo Donald Trump no comparte las tesis de exigencia de igualdad de derechos civiles que argumentan los estadistas, y además cree que, de ser admitido, Puerto Rico sería un estado predominantemente demócrata. Por tanto, una probable victoria estadista requerirá de muy efectivos cabildeos si Trump vuelve a la Casa Blanca.

El diligenciamiento estadista tendría mayor resonancia y eficacia si Kamala Harris gana las elecciones, pues el presidente Joe Biden, en nombre de su administración, ha manifestado su apoyo a la estadidad.

Las elecciones

La discusión política puertorriqueña gira primordialmente en torno al longevo debate del estatus, que se concentra en precisar cuál debe ser la relación final de Puerto Rico con Estados Unidos. En ese contexto, el sistema de partidos se organiza principalmente acerca de las distintas alternativas. Tiene además vínculos y/o afiliaciones con los partidos estadounidenses.

En la actualidad Puerto Rico tiene un gobierno compartido. El gobernador, electo en 2020, es Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista (PNP), entidad que defiende la estadidad, tiene en su seno a republicanos y demócratas y es liberal en el plano económico. Pierluisi no concurrirá a las próximas elecciones porque fue derrotado en junio pasado en las primarias del PNP por la comisionada (congresista) en Washington, Jenniffer González Colón, una republicana no trumpista que respaldó a Nikki Haley.

En el Parlamento Bicameral el control lo tiene una coalición que permite que los presidentes institucionales sean del Partido Popular Democrático (PPD), que históricamente ha sostenido vínculos y afiliaciones con el Partido Demócrata, y ha sido defensor del statu quo, del ELA. Hoy día el PPD, más partidario del intervencionismo estatal que el PNP, está dividido entre defensores del ELA y de la libre asociación.

Los otros partidos son: el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), ambos separatistas, que tienen relaciones de afinidad con regímenes como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua. De hecho, el presidente vitalicio del PIP, Rubén Berrios, ha sido asesor del autócrata nicaragüense Daniel Ortega. Y luego está Proyecto Dignidad (PD), ultraconservador y sin una posición determinada sobre el estatus.

Expectativas electorales

Las encuestas anticipan una victoria de González Colón, con alrededor del 40 % de los votos, cerca de un 25 % para Jesús Manuel Ortiz, del PPD, otro 25 % para Juan Dalmau, candidato de una alianza entre el PIP y MVC, y un 10 % para Javier Jiménez, de PD.

Conclusiones

El alcance de la posible victoria de González Colón (si no hay sorpresas) y la estadidad dependerá significativamente de lo que ocurra entre Kamala Harris y Donald Trump, y de cuál sea la composición de la Legislatura puertorriqueña y del Congreso estadounidense.

Todo parece indicar que el eterno debate sobre si Puerto Rico se mantendrá por largo tiempo en el modelo territorial/colonial, o emprenderá una ruta hacia ser una nueva república latinoamericana o convertirse en el primer estado hispano y latino de Estados Unidos, continuará muy intenso y vivo durante el próximo cuatrienio.