Por: Nolberto Batista

En días pasados, los medios divulgaron una carta del abogado Ángel Lockward, dirigida a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, en la que el jurista expone una serie de situaciones que nos generan suspicacia sobre el accionar de nuestras instituciones, y especialmente, sobre la forma en que se ejerce la acción penal pública en representación de la sociedad.

En su carta, Lockward denunció que se le habría negado información sobre cuatro sentencias de expropiación con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada (definitiva) obtenidas en esta administración a través de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), del que está apoderado el PEPCA.

Lo más extraño -según el jurista- es que este informe de la Contraloría fue manejado en secreto, “ya que su validez depende de haber sido discutido con las partes previamente y notificado a los afectados, a pena de nulidad, conforme a la Constitución y a las leyes”.

Este proceder, contradice la visión que afirma tener este órgano del Poder Ejecutivo, el cual asegura que se distingue por mantener “el más alto desempeño ético y profesional, caracterizado por la generación de confianza, valor y credibilidad para mejorar la calidad de vida de la sociedad dominicana”.

Aunado a eso, el abogado reiteró la actuación de la CGR al margen de la Constitución, de la Ley 107-13 y de su propia norma, al vincularlo en supuestos hechos, sin prueba alguna, a través de un documento “quizás apócrifo”.

Luego de ponerse a la disposición de la Procuraduría, Lockward concluye haciendo un llamado a esta honorable institución, del cual nos hacemos eco todos los dominicanos que creemos en la Constitución y en las leyes de nuestro país: que se garantice el Estado de derecho “que ha costado tanto tiempo ir construyendo, pues es tan o más importante que la lucha en contra de la corrupción y algunos ciudadanos, lo vemos en los últimos tiempos muy debilitado”.

Por el bien de nuestra democracia, esperemos que así sea.