Recientemente el presidente de la Republica, Luis Abinader, ordenó a policías y militares salir “a las calles a contrarrestar la delincuencia para garantizar la paz y la seguridad a la ciudadanía con respeto a los derechos humanos, pero los derechos humanos que hay que respetar primero son los de las personas serias y honestas” (El Nacional 2 de junio, P.3).

Esta medida es contradictoria con el establecimiento de un clima de seguridad ciudadana y de Estado de derecho como establece la Constitución de la República sin discriminación ni distinción de personas. La diferencia entre “honestos-serios” y “delincuentes” pone en riesgo a la población masculina pobre que tiende a ser discriminada y estigmatizada por los organismos de seguridad como “delincuentes”. Siendo frecuentes las redadas indiscriminadas en los barrios sostenidas en maltrato, golpes y encarcelamiento a jóvenes y adultos al retornar en tandas nocturnas a su hogar desde sus labores económicas o de estudio. Encarcelamientos que tienen el objetivo de “aparentar” medidas de seguridad pero que en realidad son un canal de extorsión y obtención de ingresos informales e irregulares

La medida anunciada por el Presidente de la República no es nueva. Responde a un modelo reiterativo de todos los gobiernos anteriores que no han logrado desmantelar las redes delictivas en sus raíces estructurales. Una respuesta inmediata al reclamo ciudadano ante el incremento de la delincuencia y su visibilidad desde la opinión pública o por hechos reiterados que se convierten en escándalo. Siempre se recurre a dictaminar la orden de militarización de las calles e incremento de la presencia policial.

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Todos los gobiernos anteriores lo hicieron y se demostró que no garantiza seguridad ciudadana por las siguientes razones:

Establecimiento de un clima de miedo y pánico que entra en total contradicción con la paz y tranquilidad que señala el Presidente de la República. Históricamente está demostrado que tener policías y militares provoca intranquilidad, tensión, incertidumbre por la desconfianza hacia estos organismos y por sus históricas y recientes prácticas de irrespeto a los derechos de libre tránsito, sus prácticas violentas y de extorsión.

Debilitamiento del sistema de Justicia y su rol en la investigación de la criminalidad y la delincuencia.
Fortalecimiento del vínculo y complicidad de los organismos de seguridad y las redes delictivas, aumento de cobro de cuotas y de las prácticas de corrupción y extorsión desde los patrullajes mixtos.

Distorsión de la mirada a las estructuras del crimen organizado hacia la focalización de este en el último eslabón, los grupos más vulnerables que operan en el microterritorio.

Incremento de la violencia de forma indiscriminada hacia la población con ajusticiamientos y desapariciones de jóvenes de los barrios.