El pronunciamiento de la senadora Faride Raful de que hay que purgar la política dominicana encontró ayer el respaldo de varios congresistas, quienes al igual que ella consideraron necesario adecentar este ejercicio democrático en el país.

Senadores como Franklin Peña, Franklin Romero y Santiago Zorrilla valoraron lo planteado por la representante del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), recomendando algunos que esto se haga en todos los ámbitos de las profesiones, para en el futuro evitar los cuestionamientos.

Para el senador Franklin Peña, del Partido Fuerza del Pueblo, la depuración debe hacerse, desde la escogencia de los posibles candidatos en los diferentes partidos. «Que sea también teniendo en cuenta el pasado de cada uno. Tanto el PRM, nuestro partido, todos los partidos, que evalúen lo que tienen y lo que puedan tener para que vaya lo mejor», dijo Peña.

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Mientras que el vocero del PRM en el Senado, Franklin Romero, cree que no solo deben ser más, los serios que ingresen a la política, sino también en lo empresarial, periodístico y demás áreas sociales. “Hablemos buenos y malos en todas las instituciones, por lo tanto, yo creo que cada día hay que buscar transparencia y las mejores personas que estén dirigiendo”, expresó Romero.

En iguales términos a los de Faride Raful habló el vice presidente del Senado, Santiago Zorrilla, pero este fue puntual en su enfoque de que los que se deben purgar son los que cometen las acciones dolosas.

“Tiene que hacerse a las personas que tenemos que purgar. No podemos involucrar y hablar de una clase como los partidos políticos, vamos a ir directo al grano y mencionar las personas por su nombre”, dijo Santiago Zorrilla.

El senador por Hato Mayor advirtió que es la justicia que debe determinar la responsabilidad penal que tienen ante el Estado los que cometieron delito en sus funciones públicas y que culpables tengan que pagar y quienes sean inocentes salgan libres.

Destacó que el que conoce a la Procuradora General, Mirian Germán, sabe que no se prestaría a ser un títere de nadie y tampoco el presidente Luis Abinader intervendría en los asuntos de la justicia.