Informó ayer la Cámara de Cuentas de la República Dominicana que los resultados preliminares de la auditoría realizada en la nueva cárcel de La Victoria o Las Parras fueron entregados al exprocurador Jean Alain Rodríguez y que igualmente se hizo con los demás involucrados en el proceso por corrupción que se le sigue, pero aclaró que los mismos no pueden ser publicados porque se encuentran en la fase de réplica y contraréplica. Cuando ese proceso culmine, explicó en un comunicado, el pleno del órgano fiscalizador la conocerá, la aprobará y divulgará sus resultados.

¿Por qué se produce esa aclaración? Porque los abogados del exprocurador se adelantaron convocando una rueda de prensa para informar a los medios de comunicación que esa auditoría no encontró “ningún hallazgo de soborno ni de sobrevaluaciones” que incriminen a su cliente, a lo que atribuye que no se haya hecho pública.

¿Es razonable suponer que una oficina de abogados con tanta experiencia y prestigio no sepa que toda auditoría tiene que agotar ese proceso antes de darse a conocer públicamente?

Puede leer: Paliativos y parches

Estoy seguro, mis queridos lectores, que ustedes al igual que yo conocemos la obvia respuesta a esa retórica pregunta, aunque no estemos de acuerdo en las razones por las cuales los abogados de Jean Alain Rodríguez tratan de influir de esa manera en la opinión pública si la suerte de su defendido la decidirá un juez en un tribunal.

Pero se trata de una práctica que ya se ha normalizado en nuestro sistema de administración de justicia, sobre todo cuando se trata de casos de alto perfil mediático como son los de corrupción pública, y en la que también incurre el Ministerio Público desde mucho antes de llevar el apellido de independiente.

Y a juzgar por lo extendida y aceptada que está entre abogados y clientes, cualquiera diría que se factura como parte de las costas del proceso, probablemente bajo el nombre genérico y encubridor de “servicios prestados”.