En la medida en que el país comienza a controlar la terrible expansión del coronavirus y la población se acostumbra a convivir con la pandemia, vamos volviendo lentamente a la normalidad, tratando de enfrentar epidemias como el matrimonio infantil, el embarazo de adolescentes, los feminicidios y los accidentes de tránsito, renglones en que aparecemos en los más altos niveles mundiales, y hasta en el liderazgo, como es la proporción de fallecimientos por accidentes automovilísticos.

Son signos indiscutibles de la pobreza y el atraso social e institucional, que hace tiempo debimos haber combatido con sólidas y sostenidas campañas preventivas, poniendo por delante la educación en todas sus expresiones. Pero en estos días también se nos revela otro terrible indicador, la miseria de los trabajadores públicos y privados, patente en la docena de salarios mínimos y el costo de la canasta básica, más difíciles de enfrentar en la actual crisis de salubridad, económica y social.

Es una buena decisión la prohibición legal del matrimonio infantil o adolescente que se discute en el Congreso Nacional, con la aprobación de las instituciones gubernamentales, sociales e internacionales relacionadas con la protección de los derechos y la dignidad de esos segmentos poblacionales.

Pero será necesario mucho más que una ley, efectivas medidas de prevención y sobre todo educación para combatir el apareamiento temprano, y aplicar las sanciones a los adultos que utilicen sexualmente a niñas y adolescentes, con o sin que medie la voluntad de la víctima, tal como prescriben nuestros códigos.

Hay que celebrar la iniciativa legislativa del joven y nuevo diputado José Horacio Rodríguez y la acogida que tuvo en el gobierno y diversos sectores políticos, para prohibir el matrimonio infantil, que sólo es permitido en una veintena de casi 200 países del mundo, entre ellos República Dominicana.

Pero hay que ir mucho más lejos porque también tenemos una de las más altas tasas mundiales de embarazos de adolescentes, que condena a la pobreza cada año a millares de niñas y sus tempranos descendientes, con alto costo económico para la salubridad pública y familiar.

Constituye un enorme bochorno que llevemos años diagnosticando que más del 20 por ciento de las dominicanas quedan embarazadas antes de los 18 años, muchas desde los 10 y 12. Un recién publicado estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas indica que al 2017 la RD registraba una de las más altas tasas de embarazo de adolescentes en el hemisferio occidental, con 94 por cada mil habitantes.

Pero la peor noticia de estos días es que el costo de la canasta familiar del quintil más pobre, ahora 17 mil 458 pesos, está casi a la par del mínimo de las grandes empresas, 17 mil 600, y muy por encima de otra decena de salarios mínimos, que incluye los de las medianas y pequeñas empresas, de 12 mil 107 y 10 mil 729 pesos, respectivamente. Muy por encima del mínimo del sector público, situado en 10 mil pesos y promediando 6 mil en los ayuntamientos, y de los emblemáticas sectores de zonas francas,11,500, y de hoteles, bares y restaurantes, que oscilan entre 11 mil 600 y 7 mil 490 pesos.

Los cálculos indican que más de la mitad de los empleados formales e informales tienen ingresos inferiores al salario mínimo más alto. Ni hablar de los costos promedios, el de la canasta familiar está en 36 mil 584, mientras en los registros de la Tesorería de la seguridad social el sueldo promedio era antes de la pandemia de 23 mil pesos, pero el 80 por ciento de los empleados ganaba menos de esa suma.

Los informes indican que cientos de miles de trabajadores han perdido sus empleos por el coronavirus y otros tantos reintegrados ahora ganarán menos, lo cual se traducirá en mayores niveles de pobreza, evidenciando la repetida y engañosa ilusión de que ya somos un país de clases medias, casi sin pobreza.

El Banco Central acaba de “sincerar” su índice de precios al consumidor.Ojalá podamos sincerar también el debate público sobre cómo enfrentar la triste realidad económico social, lo que será difícil cuando ya sectores políticos que gobernaron 16 años consecutivos adelantan que al cumplirse la próxima semana los 100 días del nuevo gobierno, saldrán a las calles a “defender a los pobres”. ¡Que Dios y las 11 mil vírgenes nos amparen!