El expresidente de la Suprema Corte de Justcia (SCJ), Jorge Subero Isa, consideró ayer que las sentencias en los casos Tucano y Odebrecht demuestran la independencia de los jueces y dan una señal de que el Ministerio Público tiene que emplearse a fondo en la instrumentación de los expedientes por corrupción.
Dijo que a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal (CPP), el rol del MP es mucho más difícil porque, además de ser una de las partes del proceso, debe probar la acusación que le formula a los imputados.
“Y resulta que, principalmente en materia de corrupción, eso es muy difícil de probar, porque la corrupción deja muy poca prueba, muy poco rastro”, enfatizó el expresidente del Poder Judicial en declaraciones a Hoy.
Refirió que durante los 14 años y medio que estuvo al frente de la SCJ, la respuesta “no habían pruebas”, fue una constante de los jueces cuando él los cuestionaba ante determinados casos.
“Siempre la prueba de la corrupción es muy difícil, y lamentablemente a quien le corresponde aportar las pruebas de que los hechos son ilícitos y de que hay corrupción, es al Ministerio Público, y esa es una labor muy fuerte”, sostuvo Subero Isa.
No obstante, se mostró confiado en que dada la reconocida independencia del actual MP “que no obedece a ningún bando político”, las cosas se harán como debe de ser, y en los casos de corrupción se aportarán las pruebas suficientes para convencer a los jueces y destruir la presunción de inocencia que ampara a los imputados.
“Ahora llegó el momento de que verdaderamente se hagan las formulaciones concretas de las acusaciones. Para eso, reitero, hay que dotar al MP de mayores recursos económicos y técnicos, con la finalidad de que puedan hacer las investigaciones de lugar, porque es a ellos que les corresponde hacerlas”, puntualizó.
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Por falta de pruebas
Esta semana el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró no culpables, por falta de pruebas, a todos la acusados de supuestamente beneficiarse con US$3.5 millones que pagó en sobornos la empresa brasileña Embraer, durante las negociaciones en las que el Estado dominicano le compró una flotilla de aviones Super Tucano, por la suma de US$92 millones, en uno de los gobiernos de Leonel Fernández.
Por razones similares fueron absueltos cuatro de seis acusados de cobrar US$92 millones de sobornos pagados por la Odebrecht.