El conteo de víctimas fatales en colisiones y vuelcos de vehículos ha estado, por inexcusables omisiones de seguimiento, circunscrito a la inmediatez de los sucesos y a sus resultados más palpables. Oculta ha estado la realidad de que en el país mueren cada año entre cinco mil y seis mil personas heridas en accidente con un importante porcentaje de ellas pereciendo después de convalecer fuera de la vista de quienes llevan estadísticas. Quienes asisten traumatológicamente a la mayoría de los accidentados a nivel nacional -honrando su profesión- han puesto al día a la prensa dominicana con cifras sobre las elevadas causas de muerte que con categoría epidémica se desplazan por calles y carreteras. Un verdadero estado de calamidad que da permanencia a la República Dominicana entre los lugares del mundo de mayor peligro al circular por vías; país en el que solo en el 2022, además de perderse muchas vidas en el movimiento de transportes, cien mil personas sufrieron lesiones importantes.

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La violación de normas y la poca aplicación de consecuencias policiales y legales hacen de las motocicletas el medio que más acerca a los jóvenes (edad productiva) a la defunción y a la discapacidad. Por más Intrant suscribiendo contratos, a veces fallidos, y a agentes de Digesett por muchos lados, el uso temerario de vehículos de dos ruedas no retrocede. Ante la vista de los vigilantes de la ley se discurre atropelladamente sin cascos protectores y con más ocupantes de lo permitido y más posibilidades de fracasar.