Loyda Peña 
Miguel Surún Hernández
El Colegio de Abogados (CARD) solicitó ayer al Tribunal Superior Administrativo (TSA) la nulidad de la Resolución número 04-2023 mediante la cual se privatizaría la emisión del pasaporte dominicano.
Miguel Surun, presidente del gremio dijo que la resolución de marras, emitida por la Dirección General de Alianzas Públicas y Privadas el 23 de febrero pasado, fue aprobada de manera ilegal y fraudulenta.
Consideró “sospechoso” que la empresa Midas Dominicana S.A., suplidora de las libretas, resultara adjudicataria de la privatización del pasaporte, luego de la crisis que hubo en la Dirección de Pasaportes por falta del documento.
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Cuestionó además que el proceso de privatización se realizara con una inversión aportada en su totalidad por el Banco de Reservas mediante un supuesto fideicomiso, “y que la empresa adjudicataria se quedaría con el 90% de los ingresos brutos generados por la emisión de los pasaportes”.
Según èl, detrás del proceso de privatización se encuentra GB Group, quien en el 2012 adquirió los activos de Chevron Texaco en República Dominicana, propiedad de Gilbert Bigio, supuesto socio de un asesor empresarial del Poder Ejecutivo, quienes recibirán financiamiento por el total de la inversión mediante fideicomiso del BR por el monto de RD$107 millones.
