Luego de cuatro días sometida a intensos interrogatorios, la testigo María del Carmen Álvarez de Maio concluyó afirmando que en los análisis de los informes societarios de las empresas de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista García y Conrado Pittaluga no encontró nada que indique que fueron utilizadas para lavado de activos de los sobornos pagados por Odebrecht, como pretende demostrar el Ministerio Público.

Dijo que tampoco encontró ninguna cesión de crédito o de acción; venta o traspaso de acciones de parte de las empresas de Rondón a los demás coimputados, incluidos Roberto Rodríguez y Tommy Galán; ni transformación de alguna de ellas en venta de acciones a otra empresa del mismo dueño.

María del Carmen, al igual que su hermana Carmen Nadieska Álvarez de Maio, fueron dos peritos designadas por la pasada gestión para analizar y resumir los informes de los productos societarios de los encartados, emitidos por la Cámara de Comercio y Producción a solicitud de la pasada gestión del MP, para facilitar el entendimiento.

Fue durante el contrainterrogatorio a que fue sometida por las defensas de los cuatro principales imputado, que María del Carmen desvinculó de acciones ilícitas a las empresas Lashan Corp, Copodan, Adeline Group, Conamsa, Roimar y Hacienda Los Ángeles, de Rondón; Incarna, de la cual Bautista García es socio; Construtora Díaz Rúa y Constructora Solares, de Díaz Rúa, y de la cual dijo no recordar si Pittaluga es accionista,

Afirmó que todas esas empresas están formalizadas acorde con la ley 479-08 que rige las sociedades comerciales; están dotadas del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), es decir, pagan impuestos, incluida Lashan Corp, que es de origen Panameño y fue incorporada de forma voluntaria en el país en 2004.

Reconoció que Lashan Corp hizo modificación y capitalización de sus aportes; que realizó venta de acciones; que en todos los períodos hizo reporte de sus ingresos anuales, y registró su cambio de domicilio, pero no dio cesión de créditos ni aprobó préstamos a alguno de los coimputados en el proceso.

Dijo que también verificó que Conamsa cambió de nombre, registró venta de acciones, tuvo modificaciones sociales; solicitó de parte de sus socios línea de crédito y reflejó ganancia anual; reportó otorgamiento de poderes, todo dentro del marco de la legalidad, y ninguno a favor de los demás coimputados.

Hacienda Los Angeles. Reconoció la firma de un convenido entre esta empresa de Rondón y la Universidad de Colombia para estudiantes realizar pasantías en la propiedad del imputado en el país.

La testigo dijo que fue designada como “agente táctica” para realizar ese trabajo por la extitular de la Pepca Laura Guerrero Pelletier, cuando apenas tenía un año de haber entrado a laborar a la PGR.

Dijo ser abogada con conocimientos básicos en materia de Registro Mercantil, sin embargo, dijo no conocer la Ley 3-02 sobre Registro Mercantil; diferencia entre una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) y una sociedad anónima simplificada (SAS); entre acciones y cuotas sociales, y otras informaciones sobre las que se le preguntó.

Momento embarazoso. Pasó la testigo a cargo del MP cuando la defensa de Rondón le preguntó cómo sabía ella que la esposa y un hijo de Rondón eran socios en las empresas del imputado, y contestó que la información se la dio la Cámara de Comercio.

Sin embargo, cuando se le preguntó en qué parte de su informe (hecho con las certificaciones de la Cámara de Comercio) dice eso, respondió que en ninguno.

Pillada en la mentirilla o confusión, a María del Carmen no le quedó más remedio que admitir que fue el MP quien se lo dijo y por eso no contaba en su informe.

Asimismo reconoció que la Ley de Sociedades Comerciales en el país permite empresas familiares.

La defensa de Rondón estuvo encabezada por Emery Rodríguez; la de Díaz Rúa por Miguel Valerio, La de Bautista García por Carlos Salcedo y la de Pittaluga por Veras y Manuel Rodríguez.

En audiencia anterior, la defensa había reaccionado ante la presentación de Carmen Nadieska por parte del Ministerio Público.