Hace unos días el vocero del PRM en el Senado de la República, Franklyn Romero, denunció las intenciones de la oposición de hacer saltar del cargo al presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez Sánchez, para forzar un cambio en su bufete directivo que le beneficie.

Al hacer la denuncia el senador perremeísta puso en evidencia el mal de fondo responsable del tirijala entre sus miembros que ha convertido ese órgano de control y fiscalización en una institución ingobernable, que no es otro que el reparto que se produjo entre fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional al momento de designar a sus actuales miembros.

Puede leer: Juntos otra vez

Una de las armas utilizadas para sabotear su credibilidad ha sido la filtración a la prensa de documentos internos, como la carta dirigida a su presidente el pasado 12 de abril por la Vicepresidenta del organismo Elsa María Castaño Ramírez, en la que esta le reprocha que se opusiera a que se auditara y analizara la ejecución presupuestaria y estado de la deuda pública del gobierno del año 2022. ¿Y saben ustedes cómo llegó esa carta al periódico que la reseñó el pasado domingo? ¡La distribuyó el vocero del PLD en la Cámara Alta, el senador Yván Lorenzo!

Luego de que Janel Ramírez Sánchez se definió a sí mismo, en la ya famosa entrevista que concedió al telematutino El Día, como un preso de confianza del Pleno describiendo las mil y una diabluras de las que alega haber sido víctima es poco lo que puede agregarse en una situación que se ha tornado claramente insostenible, por lo que la única solución posible a estas alturas, señores diputados, es un juicio político que los mande a todos para sus casas.

Y que la mala experiencia sirva para no continuar repitiendo el error de permitir que los partidos políticos y sus intereses continúen desnaturalizando el rol de una institución fundamental para garantizar el buen uso de los recursos públicos, que tienen demasiados amigos pero muy pocos dolientes.