El Ministerio Público obtuvo la imposición de tres meses de prisión preventiva en contra de una pareja vinculada con un fraude de tres millones de pesos en perjuicio de clientes de una institución bancaria para la que trabajaba la mujer.

El juez Rigoberto Sena Ferreras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la prisión preventiva para Melany Martínez Díaz, quien se dedicaba a sustraer datos de las cuentas y productos financieros de los clientes para utilizarlos en transacciones fraudulentas.

El organismo especializado del Ministerio Público también obtuvo, con posterioridad, prisión preventiva en contra de la pareja de Martínez Díaz, Manuel de Jesús Sosa Díaz, quien trabaja para una compañía de limpieza profesional y se dedicaba a obtener informaciones financieras de los clientes visitados.

Entre las evidencias reunidas por el órgano acusador, destacan las conversaciones telefónicas por la plataforma WhatsApp, en la que ambos detenidos se intercambiaban los datos sustraídos, así como fotos de las tarjetas de crédito de los afectados, clientes de diferentes bancos y asociaciones de ahorros y préstamos.

Leer más: Claves económicas que marcarán la semana en América

El seguimiento a ambos se originó a partir de denuncias de la entidad financiera para la que trabajó la mujer, así como de una usuaria de productos bancarios cuya residencia solicitó los servicios de la empresa en la que el hombre labora y que luego resultó afectada con una transacción fraudulenta de casi mil dólares.

Mientras se desempeñaba como agente de un centro de llamadas, o call center, al servicio de la entidad denunciante, la imputada accedía de manera irregular a los perfiles de los clientes para copiar sus informaciones personales y de contacto.

Luego, los estafadores utilizaban los datos extraídos para suplantar las identidades de los afectados, solicitar cambios de datos y realizar transacciones desde sus cuentas.

Con este “modus operandis”, los involucrados ocasionaron pérdidas de aproximadamente tres millones de pesos. Sin embargo, el titular de la Pedatec, procurador de corte Iván Vladimir Féliz Vargas, informó que las transacciones que pudo prevenir la institución que puso la denuncia ascendían a los siete millones de pesos.