Tras una audiencia de más de cinco horas, la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso ayer la libertad del exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, el único de los 20 imputados en el caso Calamar que quedaba bajo prisión preventiva.

Como medida de coerción preventiva, la magistrada Ana Lee Florimón le impuso al exfuncionario peledeísta el pago de una garantía económica en modalidad de contrato por un monto de RD$4.5 millones; impedimento de salida, y presentación periódica ante el Ministerio Público, hasta que concluya el proceso que se le sigue a él y a los demás imputados.

La jueza motivó su decisión en los artículos 227 y 229 del Código Procesal Penal (CPP) y la Resolución número 1731 emanada de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tras comprobar que el imputado “aportó los presupuestos de arraigo que garantizan su presencia en el proceso, hasta tanto se conozca un juicio donde se dirima su culpabilidad o no”.

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Correcta pero insuficiente

La defensa técnica del imputado dijo que la variación de la medida a su cliente debió ordenarse hace mucho tiempo y no esperar que pasara siete meses en la cárcel, afirmando que además de que Peralta no representa peligro de fuga, las evidencias del MP en su contra “ no sirven ni siquiera para promover un juicio en su contra”,

Pedro Balbuena, Emery Rodríguez y Santiago (Chago Rodríguez, consideraron que aunque la puesta en libertad de su cliente era necesaria en este momento, “no es suficiente porque adonde debe llegar este proceso es a su cierre definitivo por causa de ausencia de mérito y de evidencias”.

MP insatisfecho

Por su lado, el representante del Ministerio Público, Arolin Lemos, consideró que el órgano acusador está haciendo su trabajo y que en el caso de José Ramón Peralta se “hará una acusación más fuerte”.