El reciente anuncio del Gobierno dominicano sobre el Plan de Seguridad Vial 2025-2030, acompañado de la firma del Decreto 656-24, es un paso crucial en la lucha contra una de las mayores tragedias cotidianas del país: las muertes por accidentes de tránsito.

Con una meta ambiciosa de reducir la mortalidad en un 50 % para el 2030, el compromiso del presidente Luis Abinader refleja una prioridad inaplazable.

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Las cifras presentadas son alarmantes: más de 26,000 fallecidos entre el 2016 y el 2024, 121,850 lesionados solo en el 2023 y un impacto desproporcionado en jóvenes de entre 25 y 45 años. Estas estadísticas no solo representan vidas perdidas, sino un profundo costo social y económico que afecta a familias, comunidades y al país en su conjunto.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se intenta abordar esta problemática. Planes anteriores han fracasado en su implementación por falta de continuidad, coordinación interinstitucional y voluntad política. ¿Qué asegura que esta vez será diferente?

Para que este nuevo plan no sea simplemente otra promesa, se requiere un enfoque integral:

Fiscalización efectiva: La aplicación de las leyes de tránsito debe ser estricta y justa. Esto implica combatir la corrupción en las autoridades encargadas, implementar sanciones ejemplares y garantizar que todos los ciudadanos respeten las normas, sin excepciones.
Educación vial: Las campañas educativas deben priorizar a los motociclistas, quienes representan el 68 % de las muertes, y a los jóvenes, quienes son los más afectados. Promover una cultura de responsabilidad en las vías es tan esencial como mejorar las infraestructuras.
Infraestructura segura: Las vías en mal estado y la falta de señalización son factores que contribuyen directamente a los accidentes. Se necesita una inversión significativa para modernizar la red vial y adaptar las carreteras a estándares internacionales de seguridad.
Tecnología e interoperabilidad: La implementación de sistemas inteligentes de monitoreo y la integración de bases de datos sobre incidentes viales son fundamentales para diseñar estrategias basadas en evidencia.

El presidente Abinader ha destacado que el éxito de este plan depende de la colaboración entre los diversos sectores de la sociedad. Actores como el Intrant, el sector privado y organizaciones civiles deben alinearse para garantizar que las medidas no solo sean oportunas, sino también sostenibles a largo plazo.

No obstante, este compromiso no puede limitarse al Gobierno. Los ciudadanos también tienen un rol esencial: respetar las normas, denunciar irregularidades y adoptar una actitud responsable en las vías.

El Plan Nacional de Seguridad Vial 2025-2030 representa una esperanza renovada para enfrentar una crisis que ha cobrado demasiadas vidas. Sin embargo, alcanzar la meta de reducir la mortalidad en un 50 % exige una ejecución impecable, una vigilancia constante y la voluntad de toda la sociedad para cambiar el rumbo.

Las palabras deben traducirse en acciones concretas. El éxito de este plan será un testimonio del compromiso de la República Dominicana con el bienestar de sus ciudadanos y un paso hacia un futuro más seguro en sus carreteras.