La estrategia mediática de los abogados del exprocurador Jean Alain Rodríguez ha recibido un duro golpe con el anuncio de la embajada de Estados Unidos en el país de que el exfuncionario, su esposa y sus hijos menores no son elegibles para ingresar a su territorio, debido a su participación (fíjense que no utiliza las palabras presunto o supuestamente) “en importantes actos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura e instituciones gubernamentales financiadas por el Estado”.
En el marco de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, un simbolismo con el que Washington ha querido enviar un mensaje claro y contundente, el Departamento de Estado dictó sanciones contra una treintena de personas, con lo que asegura busca “promover la rendición de cuentas de quienes se involucren en actos de corrupción en todo el mundo”.
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Se trata, en los hechos, de una condena anticipada contra un exfuncionario público que todavía está siendo juzgado y que, por lo tanto, debe considerársele inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Pero como puerco no se rasca en jabilla, como dicen en nuestros campos, Jean Alain prefirió culpar al acoso del que dice ser víctima por parte del Ministerio Público de la decisión tomada en su contra por el Departamento de Estado.
“En este caso, ellos tomaron su decisión basados en lo que la Procuraduría les mostró. Estoy convencido de que cuando ellos conozcan la otra cara de la moneda cambiarán de parecer”. Para que eso pase, sin embargo, falta mucho, pues sus abogados han utilizado su bien aceitada maquinita de incidentar para empantanar el proceso, para impedir que avance y se conozcan las acusaciones contra su cliente. Y eso no parece la estrategia de un imputado que se sabe inocente y necesita que su inocencia se determine cuanto antes en el tribunal, la única forma de acabar con la pesadilla que está viviendo junto a su familia.