Bajo la grave acusación al Central Romana de incurrir, entre otras prácticas, en trabajo forzado para producir azúcar, Estados Unidos acaba de negar, con vigencia inmediata, el acceso a su mercado de las exportaciones que procedan del emporio beneficiario del 65% de la cuota preferencial asignada al país. De esta forma Washington da crédito a viejas acusaciones de prácticas inhumanas en bateyes que proceden de organizaciones independientes con historial de defensa de los derechos de trabajadores y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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Una impresionante relación de maltratos que la poderosa firma de múltiples inversiones en el país niega «con asombro» y que evidentemente no incluye, hasta prueba en contrario, el aval de autoridades dominicanas que deberían estar al corriente de lo atribuido a uno de los empleadores de mayor importancia en la economía dominicana. La comprobación o no de atropellos a obreros y sus familias debía conocerse en primera instancia por denuncias documentadas y acciones correctivas de organismos nacionales. La ausencia de iniciativas oficiales en ese sentido podría indicar que las leyes que deberían proteger derechos laborales y evitar competencia desleal a otros productores de azúcar no aludidos en las aseveraciones estadounidenses, no han tenido la plenitud de vigencia que corresponde.
Lesivo vacío a conjurar, aun con investigaciones tardías, para una correcta certificación por el Estado de los tratos del Central Romana.