Hoy 
Las cartas, con firmas de intenciones, están puesta sobre la mesa. Los dos países de la isla Hispaniola no podían tardar más en proponerse conjugar políticas y acciones de conveniencias recíprocas, y el entendimiento logrado entre el presidente Luis Abinader y el presidente Jovenel Moïse, de Haití, traza ruta para superar descontroles tan importantes como el de la presencia sin estatus de nacionalidad de miles de súbditos del vecino Estado.
La apatridia alegada, a resultas de penetraciones y permanencias de inmigrantes sin respeto a normas dominicanas, sería un problema manejable con la inscripción desde aquí en el Registro Civil que les corresponde.
Un triunfo de la nueva diplomacia local que incluye consensos para reforzar vigilancias sobre la línea divisoria contra tráficos diversos incluyendo los de nivel criminal.
Está formalizada la asunción de responsabilidades con invitación a la comunidad internacional a participar en la búsqueda de soluciones técnicas a cruces irregulares de frontera con perjuicios a la soberanía.
La decisión de promover que el país limítrofe se dote de servicios que permitan a las haitianas dar a luz en su propio patria, sería de doble efecto humanitario al llenar un vacío allá y reducir la presión aquí de excesivas y costosas ocupaciones hospitalarias.
Un anquilosamiento de voluntades largamente presentes en el poder impedía avanzar hacia dirección alguna contra viejos problemas.
Desempeños sin descifrar
La falta de aplicación de auditorías con la frecuencia que manda la ley durante el pasado cuatrienio tiene envueltas en nebulosas importantes operaciones en áreas del Estado, incluyendo el renglón de la distribución de electricidad.
Pagos millonarios por servicios y compras que el Gobierno actual se propone, como es su obligación, transparentar.
Hallarles soporte documental y existencias de equipos y repuestos en almacenes o en uso. Encontrar pruebas de que se respetaron normas al contratar proveedores.
Se busca el hilo para llegar al ovillo y hallarlo se ha hecho cuesta arriba. La fiscalización que la Constitución ordena y asigna claramente como tarea ineludible, debió dejar en archivo información confiable y completa sobre el empleo de recursos públicos.
Lagunas y dudas que obligan a profundizar en registros del pasado a ver lo que sale.
