Un hijo de ex fiscalizador OISOE interviene en defensa de su padre

Un hijo de ex fiscalizador OISOE interviene en defensa de su padre

Intervención de Aquiles Christopher en el tribunal.

Aquiles Christopher, acusado actos de corrupción en su función de Fiscalizador  en la Oficina de Ingeniero Supervisores del Estado (OISOE), defendió la honorabilidad de su padre, a quien definió como una persona de reconocido comportamiento correcto e intolerante a cualquier acto delictivo y de corrupción.

El joven, a quien el juez llamó doctor y quien aparentemente forma parte de la barra de la defensa de su padre, significó en audiencia que aunque toda la familia se ha sentido preocupada por la aprehensión de su progenitor, está a su vez tranquila por entender que lo establecido por el Ministerio Público no corresponde a la realidad.

«Nuestra familia estamos, de cierta forma, tranquilos, obviamente preocupados porque mi papá ha sido retenido, privado de su libertad por varios días y por las condiciones de salud que tiene; estamos bastante preocupados, pero en el fondo tranquilo porque no tenemos ninguna duda, ninguna duda magistrado, de que lo que el Ministerio Público ha presentado aquí, no tienen ningún sustento», expuso.

«Entonces, yo simplemente quería decirle honorable, que sopese las pruebas que nosotros hemos sometidos; el arraigo y sustento familiar que tiene mi papá aquí, como las demás pruebas que hemos sometidos, y que la considere en su decisión», concluyó.

La defensa de Aquiles Christopher pidió al juez José Alejandro Vargas la libertad pura y simple del acusado, de 75 años de edad, al cual desvinculó de las acusaciones del Ministerio Público sobre las irregularidades en la OISEO dirigida por Francisco Pagán, también sometido a la justicia.

En tanto que en la intervención del Ministerio Público, representado por Wilson Camacho, hizo énfasis en que en la OISOE no se llegaba a Pagán si no era a través de Christopher.

Acusó al imputado de obrar para «ahogar» a los ingenieros que habían ganado las licitaciones del Ministerio de Salud Pública correspondientes a 56 hospitales, para presuntamente obligarlos a tomar financiamientos bajo la alegada amenaza de quitarles las obras.