RÍO DE JANEIRO.- Uno es acusado de recibir sobornos, otro de esconder cuentas bancarias y otro más de ayudar a escapar a un preso. ¿Quiénes son? ¿Estafadores, mafiosos? No, son tres de los principales senadores de Brasil que decidirán esta semana si apartan del mando a la presidenta Dilma Rousseff y le inician un juicio político. Sylvio Costa, fundador del sitio en línea Congresso em Foco, lo explica como la «extraña realidad» del paisaje político brasileño.

Rousseff está acusada de utilizar préstamos de bancos estatales para ocultar déficit presupuestarios en 2014, año de su reelección, y en 2015. La presidenta argumenta que estos trucos contables han sido aplicados por tanto tiempo que es una práctica común de los gobiernos brasileños y que, en todo caso, sería una falta menor. Señala que no hay vestigios de corrupción ni méritos para abrirle un juicio.
Pero si los pecados de la presidenta entran en un área gris, no se puede decir lo mismo sobre quienes la acusan… y la juzgan.

Un estudio de la ONG Transparencia Brasil reveló que 61% de los 81 miembros del Senado han sido condenados o acusados de delitos en algún momento. Los antecedentes penales de los senadores incluyen delitos que van desde los más graves, como la participación en la trama de corrupción dentro la estatal Petrobras, hasta los más ridículos, como el del senador Telmario Mota de Oliveira, sospechoso de estar involucrado en peleas de gallos.

Congresso em Foco, que hace seguimiento a las deudas de los políticos con la justicia, indicó que 24 de los 81 senadores enfrentan casos criminales actualmente. «El Senado es un pequeño retrato de la política brasileña», dijo Costa a la AFP. «Tenemos un sistema político que está completamente podrido», siguió.

El presidente del Senado, Renan Calheiros, el hombre que conducirá el proceso de impeachment, está dentro de ese 61%. Está acusado de aceptar millonarios sobornos junto a decenas de otros políticos y grandes empresarios dentro del fraude que le costó más de 2.000 millones de dólares a Petrobras. Pero como muchos en la élite política, Calheiros es un maestro en el arte de escapar de una condena. Sobrevivió por ejemplo en 2013 del embarazoso incidente de haber sido descubierto usando un jet de la fuerza aérea para viajar a Recife (noreste) para someterse a un injerto de cabello.

También sobrevivió a acusaciones de que permitió a un lobista pagarle pensión de alimentos a una amante que dejó embarazada. Otro gran nombre en el plenario es el senador Aecio Neves, el candidato derrotado por Rousseff en 2014 por poco más de 3%. Neves se presenta como un fuerte candidato a disputar las próximas elecciones de 2018, aún cuando es investigado por recibir sobornos y tener una cuenta bancaria familiar secreta en Liechtenstein.

Está también Delcidio do Amaral, exlíder del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff en la cámara alta hasta noviembre pasado, cuando se convirtió en el primer senador en ejercicio en ser arrestado. Acusado de ser una pieza clave en la trama en Petrobras, Amaral supuestamente intentó organizar un vuelo para que un ejecutivo petrolero huyera del país a España y no testificara ante la justicia. Desde entonces, Amaral decidió hablar y se convirtió en un testigo estrella de la fiscalía con un acuerdo que lo ha llevado a acusar a varios de sus antiguos compañeros de partido, incluida la propia Rousseff, investigada por obstrucción a la justicia.