EFE 
(EFE).- Una ley que impide a una minera canadiense explotar parte de una loma del norte dominicano y que fue aprobada en el Congreso y vetada por el Ejecutivo en apenas una semana amarga la «luna de miel» que por dos años ha mantenido el presidente Danilo Medina con sus compatriotas, incluyendo opositores.
Pero la algarabía duró poco. Cinco días después de que el Senado diera su visto bueno a dicha ley, Medina la vetó al destacar, en una carta remitida a la Cámara alta, que la iniciativa contraviene la Constitución en aspectos de seguridad jurídica, ley de minería y tratados internacionales firmados por el país.
Las violaciones a la Carta Magna, asegura Medina, también incluyen la del propio proyecto cuando, enfatiza, no identifica los recursos de donde serían resarcidos los propietarios de terrenos dentro del área declarada como Parque Nacional.
Añadió que al declarar loma Miranda como Parque Nacional se impide el aprovechamiento futuro de ese recurso natural y viola con ello lo que expresa la Constitución, de que el Estado puede explotar los recursos naturales dentro de su territorio o perímetro marítimo siempre y cuando no afecte el entorno.
El Ejecutivo señaló que su objeción no significa que el Gobierno esté de acuerdo con la explotación de loma Miranda o de que haya cambiado su posición expresada el 6 de junio de 2013, cuando el Ministerio de Medio Ambiente detuvo los intentos de Falconbridge de explotar esa montaña.
Tras el veto presidencial, el proyecto regresó al Senado (dominado de manera absoluta por el oficialismo) y los propios legisladores que una semana antes aprobaron la pieza, esta vez acogieron la decisión de Medina.
El rechazo a la decisión de Medina no se hizo esperar, desde partidos políticos hasta organizaciones de la sociedad civil han expresado su frustración por el veto a la ley y han acusado al mandatario de actuar con «irresponsabilidad» frente al caso.
Incluso, el controvertido sacerdote Rogelio Cruz llamó a la ‘desobediencia civil’ pidiendo a los ciudadanos no enviar A sus hijos a las escuelas y no pagar impuestos.
Contrario a estas críticas, el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como era de esperarse, ha expresado su total apoyo a Medina en este tema y el empresariado, también del lado del gobernante, califica esta decisión de «responsable».
Este es el primer «pleito» entre Medina y la población desde que este se instaló el 16 de agosto de 2012 en el Palacio Nacional y cuya popularidad, gracias principalmente a sus programas de asistencias sociales y su respaldo a la educación, lo han mantenido con una popularidad que sobrepasa el 80 %, según las encuestas.
La cuestión ahora es qué tanto podría afectar esto la imagen del mandatario, que el año pasado se erigió como el ‘redentor’ de sus compatriotas al obligar la revisión del contrato que la también canadiense Barrick Gold firmó con el Estado para explotar la mina Pueblo Viejo, uno de los mayores depósitos de oro del mundo y situada en el noreste del país caribeño. EFE
