La medida tomada por la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA) de aumentar el precio del pasaje entre un cinco y un 10% en las rutas interurbanas es un franco desafío al gobierno y por demás violatorio a la ley 63-17 que crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Según el artículo nueve de la Ley 63-17, inciso nueve establece que el único organismo que fija las tasas por servicios brindados y derechos requeridos para el funcionamiento del sistema de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, y regular la tarifa del transporte público de pasajeros es el INTRANT.

Entonces la disposición empleada por la organización que dirige Antonio Marte, es una práctica ilegal que debe tener consecuencias severas, porque el estado no debe permitir, estas acciones que va en contra del pueblo.

A pesar de la proliferación de entidades que tienen como principal objetivo el control del transporte público, la tarifa del servicio en las diferentes rutas en Santo Domingo se encuentra en el limbo.

Sabemos que esta actividad es común entre los transportistas, pero el gobierno debe parar esa ilegal medida.

Los aumentos del pasaje debe ser una decisión de las autoridades del Intrant y no de cualquier ciudadano, pues el gobierno a través de este instituto es quien debe asumir la regulación del transporte.

La sociedad dominicana tiene que exigirle al gobierno que tomes medidas drásticas sobre esta situación que afecta la economía de los pasajeros.

Si Conatra le ha doblado el pulso al gobierno con ese aumento no autorizado, entonces mañana lo harán los productores agrícolas, los maestros, médicos y otros sectores y de ser así que Dios nos coja confesados porque el rumbo de la nación, estará en peligro si se doblega la democracia.