La variación de medidas de coerción dispuestas por jueces de distintas jurisdicciones en los últimos tres meses ha devuelto a las calles a imputados por corrupción, por crimen organizado y por narcotráfico; a feminicidas, a violadores sexuales y otros supuestos autores o cómplices de infracciones que la norma procesal penal reprime con privación de libertad.

En lo que parece un revés para el órgano persecutor, que en todos los casos solicita y logra en Instrucción para los imputados la medida de coerción más severa que contempla el Código procesal Penal (CPP) en su artículo 226, los jueces de Instrucción siempre encuentran motivos para revertirla, manteniendo así al MP de “apelación en apelación”, lo que contribuye a retardar los procesos.

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Los casos más recientes de imputados beneficiados con la variación de la prisión preventiva son los de José Miguel y Miguel Arturo López Pilarte, y Ada María Pilarte, una familia en La Vega a la que el MP le imputa haber movilizado en el sistema financiero nacional más de RD$7,000 millones producto de lavado de activos.

La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción de la citada jurisdicción, dispuso la colocación de brazalete electrónico a los tres.

En Santiago, también el Segundo Juzgado de la Instrucción sacó de prisión al ex-director de Comunidad Digna, Juan Maldonado, imputado de lavado de activos producto del narcotráfico en el caso de la Operación Falcón, y ordenó que se le colocara un brazalete electrónico.

Aquí en la ciudad de Santo Domingo el Segundo Juzgado de la Instrucción cambió la prisión preventiva por garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica a Erick de la Cruz, Lidio Peñaa, Manuel Sanchez y Patricio Eduard Montero, supuestos miembros de la red de narcotráfico, liderada por el llamado César el Abusador, que habría realizado operaciones por $3,500 millones producto del lavado de activos.