Hoy 
Ver para creer pero sin tardanzas ni omisiones. Las posibilidades ciudadanas y periodísticas de hacer sonar alarmas a partir de legítimas sospechas de irrespeto a leyes y regulaciones o de señales de lo doloso en lo estatal o privado están mermadas en el país.
El libre acceso a la información pública, institucionalmente obligatorio, sufre constantes menoscabos que comienzan en inconstancia para la puesta a la vista en portales creados para una transparencia más teórica que real, de aspectos interiores de diversas gestiones de orden administrativo.
Como si no existiera en la mecánica de los desempeños oficiales una real conciencia y sentido de compromiso con las claras finalidades de la Ley 200-04 dictada para darle en la madre a la excesiva discrecionalidad de las jefaturas burocráticas sobre lo que debía hacerse público o no.
La fuerza legal colocada del lado de la gente común y de los comunicadores interesados en quienes tienen en sus manos patrimonios nacionales halló, en sus comienzos, la rudeza del mal hábito de actuar fuera del escrutinio de los ciudadanos que dan y quitan el poder.
Ha faltado versatilidad en dar respuestas oportunas y cabales sobre los procesos de toma de decisión, contrataciones y emisiones de pagos desde áreas del Estado que deben ir a espacios digitales que hoy lucen vacíos, incompletos o desactualizados.
Una infuncionalidad que ha denotado siempre la falta de directrices y exigencias mayores desde las cimas del poder.
