Viceministra aboga porque se elimine “el barrilito”

La viceministra administrativa de la Presidencia, Dilia Leticia Jorge, abogó ayer por la eliminación del “barrilito” o recursos millonarios que bajo la denominación de “Contribuciones Especiales”, se consignan dentro del presupuesto general del Estado para los senadores.

Dijo que como ciudadana y ahora como funcionaria del Gobierno siempre le ha inquietado la falta de transparencia en el uso que se le da a esos recursos.

“Yo creo honestamente, que aquí debe llegar un momento en que las instituciones funcionen y se reorganice el uso de los fondos públicos; que haya una verdadera institucionalidad y que sean las instituciones públicas a la que todos y todas estamos pagando dinero para dar ese tipo de servicio (social)”, subrayó.

Agregó que la sociedad está cansada de que ese dinero se esté usando “en politiquería, para asistencialismo”, e insistió en que el uso de esos recursos se transparente en lo que se elimina definitivamente “el barrilito” que en el presupuesto del año 2021 tiene una asignación de RD$ 461 millones, incluidos los del “cofrecito” de los diputados.

“Entiendo que hay una ley que asigna esos fondos (no conozco a profundidad el tema) y entiendo que el hecho de que se transparente el uso que se le da a esos fondos es lo más importante en estos momentos hasta que venga una modificación a la ley”.

Sobre la propuesta de la senadora Faride Raful de crear un fondo con esos recursos para la contratación de asesores, dijo que la idea no es descabellada puesto que así los legisladores podrían cubrir los gastos en sus oficinas provinciales.

“Pero lo ideal es que se elimine. Yo quiero que se elimine, que se elimine el barrilito, pero mientras esté, que se transparente el gasto y el uso porque es una realidad, está ahí por ley”, puntualizó al ser entrevistada en el Palacio Nacional.

“¿Cuál el problema?”, respondió cuando se le preguntó sobre los cuestionamientos de que fue objeto por tener en su despacho banderas de la comunidad LGTB. Recordó que éste es un país democrático en el que es permitida la crítica a las posiciones que tengan los funcionarios y las instituciones públicas.