Hará unas semanas que la embajada norteamericana en Santo Domingo emitió un comunicado quejándose de que un ciudadano afroamericano había sido arrestado por haber sido confundido por un haitiano durante una redada de indocumentados por parte de nuestra Dirección General de Migración (DGM). Luego escuché en el Palacio Nacional que esa noticia había provocado la cancelación de unas 40,000 visitas de turistas afroamericanos.

Por otro lado, oí de un funcionario de la DGM que había sido un solo caso, cuando en un cafetín en horas nocturnas con motivo de una recogida de haitianos indocumentados una afroamericana había protestado y también fue llevada a “la camiona”.

Si en ese momento nuestro Gobierno hubiera pasado esa información, aun discretamente, a un periodista dominicano, el comunicado norteamericano no hubiera tenido ese impacto entre los turistas, por lo improbable de una repetición de ese caso en zonas turísticas.

Sin embargo, más recientemente una congresista norteamericana republicana, la exreportera María Elvira Salazar, públicamente se quejó ante el canciller norteamericano Blinken en el sentido de que el departamento de Estado le había negado detalles sobre ese asunto.

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El canciller prometió pasarle la información. Más razón para en caso de repetirse el incidente este se haga público rápidamente. Por el lado dominicano debe evitarse la captura equivocada de turistas afroamericanos.

También desde el norte un funcionario norteamericano declaró que era de interés de ese Gobierno lograr una modificación del Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica y nosotros, el DR-CAFTA, para así fortalecer aún más las obligaciones sobre temas laborales.

Eso sería una mala noticia para nuestros ingenios y zonas francas, pero, por otro lado, estamos interesados en una modificación para quitarnos de encima el peligro de una libre importación de arroz norteamericano subsidiado.

Sería un tremendo dilema para nuestro Gobierno, pues implicaría perjudicar a nuestros ingenios y zonas francas para beneficiar al arroz.

También del norte llegó la noticia, en un estudio sobre la economía dominicana preparado por el Bank of America, de que los fideicomisos públicos eran atractivos, pues allí no se requeriría cumplir con la Ley de Compras Públicas, es decir, hacer concursos. Hay que resolver ese problema pues la Refinería de Petróleo, ahora totalmente estatal, se rige bajo el Código de Comercio y no se requiere allí aplicar la Ley de Compras Públicas.

Por otro lado, las Catalina que iban a convertirse en fideicomiso público, ahora luce ser que operan como una dependencia del Ministerio de Minas y Energía y como no hemos visto anuncios en la prensa pidiendo cotizaciones para carbón, presumimos que allí tampoco se aplica la Ley de Compras Públicas.

Para complicar las cosas, no sabemos si esa ley se aplicará a los proyectos público-privados. Somos los primeros en reconocer lo difícil de aplicar los reglamentos de la Ley de Compras Públicas. Pero todo este asunto tiene que aclararlo el Gobierno, pues luce que en la actualidad no se aplica esa ley a la compra de los dos insumos principales del sector público: el petróleo y el carbón. Menos mal que la Refinería y las Catalinas están administrativamente en buenas manos.