A pesar de la vulnerabilidad a fenómenos atmosféricos y sismos, en la República Dominicana apenas un 4 % de las viviendas se encuentran aseguradas mientras más de 5,000 kilómetros de líneas de distribución de energía y las principales carreteras carecen de cobertura de seguro que también es mínima a nivel de las medidas y pequeñas empresas.

Por tanto, sin un plan de financiamiento y de recuperación ante desastres, la nación está expuesta a un riesgo de retroceso económico que pondría en juego el desarrollo sostenible de la economía que ha estado en crecimiento por más de 25 años.

La advertencia está contenida en la publicación “Hacia una República Dominicana más resiliente” de la firma de seguros ROS y Asociados, la cual recoge estudios sobre la vulnerabilidad del país, así como una propuesta de inversión y legal para reponer la infraestructura del Estado causado por desastres naturales.

Infraestructura critica

En el estudio da cuenta de que el censo del 2022 arrojó 3.7 millones de viviendas, de las cuales el 96 % se encuentra en desprotección económica, tras poner como referencia lo que implicaría un sismo de gran envergadura como el ocurrido en Haití y Turquía o un potente huracán.

“Nuestro mayor error seria pensar que nada va a pasar, estando nuestra ubicación en mera ruta de los huracanes y durmiendo tranquilos sobre fallas tectónicas voraces”.

La publicación identifica que el país cuenta con casi 5,500 kilómetros de líneas de trasmisión eléctrica para llevar la energía de los 6,000 megavatios instalados. Sin embargo, todas las torres, cables y subestaciones que la componen, y que son propiedad del Estado, carecen de protección alguna mediante programas de seguros o mecanismos alternos de financiamiento del riesgo, estando sensiblemente expuestas a daños por huracán, terremoto o tsunami.

“Un impacto sobre las mismas ocasionaría grandes disrupciones en el recurso eléctrico y, por ende, en los niveles de producción y de servicios, sin mencionar el efecto masivo en los hogares. En consecuencia, la preponderancia de la energía eléctrica en el funcionamiento del país y su fragilidad por la mencionada vulnerabilidad de las redes de transmisión, son motivo para que hayamos incluido este componente entre los elementos prioritarios a atender”.

En cuanto a la infraestructura vial, apunta que hay 5,500 kilómetros de carreteras sin contar caminos vecinales, más 1,000 puentes y que solo en los últimos 10 años se han invertido más de US$1,500 millones en este renglón, tras advertir que en caso de destrucción por evento catastrófico pondría el país en riesgo de retroceso y/o estancamiento debido al potencial bloqueo del transporte necesario para la entrega de productos y servicios, así como la movilidad de la fuerza laboral, del turismo y del ocio.

Principales amenazas

La amenaza sísmica del territorio nacional obedece a la interacción de las placas de Norteamérica y del Caribe, lo que genera un complejo sistema tectónico con un gran número de fallas, siendo las principales la Enriquillo-Plantain Garden y la Septentrional, la zona de la fosa de los Muertos, la Hispaniola y la trinchera de Puerto Rico.

El estudio establece que la zona de mayor amenaza se concentra en la región nororiental de la isla de forma paralela de la falla Septentrional, donde han ocurrido un gran número de eventos importantes. En esta región norte o Cibao habita cerca de un tercio de la población del país.

A la amenaza de sismos se agregan los tsunamis, teniendo como referencia los ocurridos en 1751 en Azua, 1842 en Montecristi y 1946 en Nagua, con gran impacto en esas comunidades y pérdida de vidas.

Mientras que a nivel de fenómenos hidrometeorológicos se ha determinado que el 60% del territorio es vulnerable a inundaciones y de esto porcentaje una gran parte también se encuentran en situación de riesgos a deslizamientos de tierra por erosión.

De manera específica, las provincias con más alta probabilidades de riesgos a inundaciones son Montecristi, Santiago, Monseñor Nouel, Santo Domingo y Distrito Nacional. Mientras que con alto grado de riesgo están Baoruco, Barahona, Duarte, San Pedro de Macorís, La Romana y San Cristóbal. La mayoría de estas demarcaciones están próximas a cauces de ríos, por lo que su exposición a inundaciones es permanente, mayor aun en la temporada de lluvia.

El estudio cita los fenómenos atmosféricos más relevantes que ha tenido el país y sus impactos, destacando los casos de las tormentas Noel y Olga del 2007 que originaron cuantiosos daños económicos por RD$14,500 millones y más de cien personas perdieron la vida.

Retroceso

“Los desastres naturales suelen desencadenar crisis y los impactos económicos y financieros que traen consigo tienen el potencial de eliminar los logros que en materia de desarrollo a los países les llevó años conseguir”, expresa Carlos Ros, presidente de la empresa aseguradora.

Advierte que el bajo nivel de cobertura de seguros catastróficos pondría al Estado dominicano en aprietos para mitigar los impactos socioeconómicos de una catástrofe de gran envergadura.