El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, fue muy claro cuando informó al PLD que el órgano electoral no participará en el proceso de consulta mediante la cual escogerá a su candidato presidencial, debido a que constituye un acto fuera del plazo que prevé la ley para ese tipo de eventos.

Jáquez Liranzo explicó en un comunicado que es su responsabilidad evitar que los procesos de escogencia a destiempo de candidatos se conviertan en un incentivo para un proselitismo desmesurado que altere la paz social y la tranquilidad ciudadana, por lo que pidió a la dirigencia peledeísta que contribuya a la preservación de la integridad electoral como una muestra de su compromiso con el respeto a los valores democráticos.

Hasta el momento de escribir esta columna el PLD no había reaccionado al rechazo de la JCE de acompañarlo en su proceso interno, que no solo implicaba asesoría y asistencia logística sino también económica, pero vale recordar que su dirigencia está consciente de que al escoger en octubre, como anunció, a su candidato presidencial violaría la ley, lo que quiere decir que no lo hace por ignorancia o desconocimiento.

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Aunque tampoco queda muy claro qué pasaría si el PLD decide desoír el llamado y continuar, por su propia cuenta y riesgo, con el proceso de escogencia, que los peledeístas han convertido en su principal prioridad por considerar que esa organización se encuentra en desventaja frente a la Fuerza del Pueblo y el oficialista PRM, que ya tienen sus candidatos definidos aunque no hayan sido formalmente escogidos.

Pero es necesario saber, a propósito de la necesidad de preservar la integridad electoral que invoca en su comunicado Jáquez Liranzo, si el Pleno de la JCE cuenta con la autoridad suficiente para cumplir con su responsabilidad de evitar que el PLD se burle de las leyes que norman el sistema electoral y de partidos, y por vía de consecuencia también de la democracia que tanto nos ha costado construir.